El Consell prepara una nueva convocatoria para garantizar cajeros en municipios en riesgo de despoblación

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia inicia el proceso para modificar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a instalar cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblación y exclusión financiera.

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha iniciado una consulta pública previa a la modificación del Decreto 1/2020, norma que regula la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos subvencionados en municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación.

El objetivo de esta modificación es actualizar el listado de municipios considerados en situación de exclusión financiera, con el fin de preparar una nueva convocatoria pública de ayudas dirigida a operadores bancarios que presten servicios financieros básicos mediante la instalación y puesta en marcha de cajeros automáticos.

Frente a la exclusión financiera en el interior

La consulta pública, preceptiva antes de la elaboración del nuevo texto normativo, busca adaptar la regulación a la realidad actual de numerosos municipios del interior. La exclusión financiera está vinculada al despoblamiento, el envejecimiento de la población, la baja densidad demográfica, la limitada cobertura telemática y las dificultades de transporte e infraestructuras.

Estos factores comprometen la sostenibilidad económica y social de los municipios afectados y dificultan el acceso a servicios bancarios esenciales, especialmente para la población de mayor edad.

El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, ha destacado que la Generalitat está garantizando actualmente la continuidad del servicio de 135 cajeros automáticos en 124 municipios de interior que carecen de sucursal bancaria y sufren el fenómeno de la despoblación.

Garantía del servicio hasta 2027

Según ha explicado Carlos Gil, el actual contrato, heredado de la legislatura anterior, vencía en enero de 2026 sin posibilidad de prórroga. Ante esta situación, el Consell ha decidido cubrir las anualidades de 2026 y 2027 mediante una línea compensatoria y un reajuste presupuestario.

Paralelamente, durante 2026 se iniciará el procedimiento de licitación para adjudicar un nuevo contrato en 2027, que entrará en vigor en 2028. El objetivo, según ha señalado el responsable autonómico, es que cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia, disponga de las mismas oportunidades de acceso a servicios básicos.

Apoyo a las diputaciones provinciales

El presupuesto de 2026 incluirá además una dotación de 100.000 euros para cada una de las diputaciones provinciales, destinada a combatir la exclusión financiera y facilitar que las corporaciones provinciales puedan ayudar a los ayuntamientos con menor capacidad de gestión en la tramitación y licitación de este servicio.

Participación abierta durante diez días

Las aportaciones y opiniones podrán remitirse a través del portal Participa. El plazo se inicia este miércoles 18 de febrero, tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y se prolongará durante diez días naturales.

Una vez concluido el trámite, se informará del resultado de la participación mediante una valoración global.

La iniciativa forma parte de la estrategia autonómica para reforzar la cohesión territorial y garantizar la prestación de servicios esenciales en los municipios más afectados por el despoblamiento.