Las diputaciones reclaman una mayor financiación para hacer frente al reto demográfico y digital
La V Conferencia de Presidencias de Diputaciones,
Cabildos y Consejos Insulares ha concluido este viernes en València con una
declaración conjunta de los responsables provinciales, en la que certifican el
compromiso absoluto con los ayuntamientos para ayudarles a recuperar el pulso
económico tras la pandemia. Al mismo tiempo, reclaman una revisión del marco
competencial y mayor financiación para estos gobiernos intermedios que llevan
dos siglos trabajando con el fin de garantizar la mejor calidad de vida en
cualquier municipio, sea cual sea su tamaño.
Los representantes provinciales coinciden, por
encima de siglas y colores, en la reivindicación del papel capital de los
gobiernos intermedios en una modernización de las políticas públicas acorde al
siglo XXI. Los hay que van más allá y consideran “insuficiente” la financiación
que reciben del Estado “para atender competencias, algunas impropias, y generar
oportunidades en el medio rural”. Piden participar en la elaboración de
normativas que les afectan tanto como a municipios más poblados y una
discriminación positiva en materia fiscal y administrativa, que fomente el
arraigo y permita a los pequeños consistorios fijar población y generar
riqueza, activando a su vez a los proveedores locales
El encuentro celebrado en la Sala Alfons el Magnànim
de la Beneficència, tres años después de la anterior conferencia, ha coincidido
con el bicentenario de muchas de estas instituciones, que siguen cumpliendo una
función esencial en el sistema constitucional de descentralización territorial
del poder público. La efemérides coincide con un nuevo tiempo en que los
gobiernos intermedios buscan ser palanca de cambio en la sociedad del siglo
XXI, con una constante voluntad de acercamiento a la ciudadanía, el deseo de
modernización y transparencia y la adopción de las mejores tecnologías
disponibles para facilitar la vida a las personas.
La eficacia de las diputaciones, cabildos y consejos
insulares, entes con una elevada aceptación ciudadana, se puso de manifiesto
con la “capacidad de reacción que, desde el primer momento de desconcierto tras
la irrupción de la pandemia, demostraron estas instituciones en su
intermediación con los ayuntamientos, poniendo más en valor el trascendental
papel del Gobierno de España y las comunidades autónomas”, como recordó durante
la apertura del encuentro el presidente de la Diputació de València, Toni
Gaspar.
Gaspar destacó la expectación de estas jornadas de
trabajo en las que han participado más de una veintena de presidentes y
presidentas provinciales, junto a otros representantes de los gobiernos locales
intermedios y expertos en política territorial y derecho administrativo. El
objetivo de la quinta conferencia, organizada por la corporación valenciana
junto a la FEMP y la Fundación Democracia y Gobierno Local, no es otro que
seguir avanzando en los mecanismos para garantizar los servicios públicos de
calidad a todos los ciudadanos, vivan en pueblos, pequeñas ciudades o
aglomeraciones urbanas.
Las
conclusiones
La declaración conjunta emitida por los
participantes tras el encuentro comienza con “el compromiso para reparar los
daños económicos y sociales causados por la pandemia, a través de la gestión de
los fondos europeos incluidos en el Mecanismo de Recuperación”, valorando
positivamente la participación de los gobiernos locales en las conferencias
sectoriales, donde se ha escuchado su voz para la toma de decisiones. Una
segunda conclusión es la de afrontar el reto demográfico con vistas a “una
mejor distribución territorial de la población”.
En este punto, todos coinciden en “fomentar y
diversificar las actividades productivas, optimizar las infraestructuras y los
equipamientos públicos y garantizar los servicios esenciales, sanitarios y
educativos, sin descuidar la movilidad y la seguridad”. El objetivo es
compartido, si bien cada presidente o presidenta provincial tiene su punto de
vista sobre cómo alcanzarlo. La máxima responsable de la Diputación de
Barcelona y alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, advierte que “la búsqueda
de espacios para vivir lejos de los grandes núcleos urbanos, incluso por parte
de la juventud, es una gran oportunidad que debemos aprovechar para
reequilibrar el territorio, de la mano de una digitalización inteligente que no
amplíe la brecha entre ciudadanos y territorios”. Desde Soria, donde temen el
colapso estival de algunos municipios, el presidente Benito Serrano espera como
agua de mayo la fiscalidad reducida que llega desde Europa y tiene claro que
con el presupuesto de su Diputación “solo nos da para repartir miseria”.
La petición de mayor financiación y revisión de las
competencias para los entes provinciales es el nexo común del discurso de
varios ejecutivos intermedios, caso de Ávila y Lugo, que apuntan que en materia
de despoblación y reequilibrio demográfico “se ha dicho todo pero no se ha
hecho nada”. En este sentido, otra de las conclusiones de la declaración
conjunta pasa por instar a los legisladores a conferirles “competencias propias
que permitan poner en marcha políticas diferenciales y servicios
intermunicipales”, y para ello los gobiernos locales intermedios “deben gozar
de una adecuada capacidad económica, basada en fondos propios libres de
condicionalidad”.
Las conclusiones de la quinta conferencia de
responsables provinciales se completan con los necesarios avances en transformación
digital, cuidando “la profesionalización y capacitación técnica de los
empleados públicos y reduciendo la brecha digital sin excluir a las personas”;
el “empeño en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030”, aprovechando la transformación ecológica para fijar población y
generar economías, como apunta la ex consellera Elena Cebrián; y “la
cooperación entre sí y con los demás niveles territoriales de gobierno”.
El reto
demográfico
Dos temas aparecían señalados en negrita en el
programa de esta conferencia de representantes provinciales: el reto
demográfico y la gestión de los fondos europeos en referencia a la recuperación
postpandémica. Ambos asuntos han sido abordados en la matinal del viernes en
sendas mesas de trabajo, con la participación de presidentes y presidentas de
estos gobiernos intermedios, cuyas experiencias son de gran valor a la hora de
intercambiar propuestas y mecanismos que resulten eficaces en la gestión de los
recursos.
La primera de las mesas ha sido presentada por la
secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra la
Despoblación de la Generalitat, Elena Cebrián, quien ha introducido el reto
demográfico a través de los conceptos de despoblación, envejecimiento y
población flotante en determinadas zonas turísticas o de temporalidad laboral.
Sobre esta base, ha abogado por reforzar la capacidad financiera de los
municipios, como hacen el Consell y las diputaciones de València y Castellón
con el Fondo de Cooperación Municipal; y trabajar de forma transversal entre
instituciones para eliminar fronteras interiores como la ausencia de servicios
básicos o las deficientes comunicaciones.
Elena Cebrián propone “cambiar la mirada hacia lo
rural”, tanto por parte de la ciudadanía como especialmente de las políticas
públicas. Para ello, reivindica el papel fundamental de las administraciones,
que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, y una “inteligencia social”
que permita aplicar de manera correcta los fondos y recursos de los que se
disponen, caso de los Next Generation.
El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel
Gracia, insiste en el apunte de Cebrián. “El dinero es importante pero no lo es
todo. La ruralidad debe participar en normativas que son determinantes para los
pueblos pequeños, como las de vivienda, o en las que pueden beneficiar a
nuestras zonas productivas”. En la misma línea se manifiesta el presidente
soriano, que advierte del papel que juega el medio rural para hacer frente a
problemas como la desertización y la superpoblación. “Nadie vive en un pueblo
sin servicios, pero estos pueblos de una provincia con 4,6 habitantes por
kilómetro cuadrado, sin contar la capital, son determinantes para proteger una
gran reserva forestal”, concluye Benito Serrano.
Más optimista se ha mostrado el presidente de la
Diputación de Castellón, José Pascual Martí, quien celebra el cambio de
mentalidad que ya no considera un fracaso “quedarse en el pueblo”, y demanda
una discriminación positiva tanto en materia fiscal como administrativa. Por su
parte, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, también considera
“caduco” el modelo de estudiar o ingresar a un familiar en una residencia de la
capital, y defiende el empleo juvenil y femenino, caso del que genera su
corporación con una red de residencias de la tercera edad en municipios del
entorno rural.
El presidente alicantino, Carlos Mazón, ha roto una
lanza por las diputaciones, “el primer instrumento contra la despoblación”, y
ha apostado por la promoción del turismo de interior y el cuidado de los
caminos, las farmacias y las oficinas de gestión en el medio rural, discrepando
de un Fondo de Cooperación Municipal, vigente en la Comunitat, que “ni es fondo
ni es de cooperación”.
Gestión de los
fondos europeos
De la importancia de la transformación digital en la
gestión de los fondos europeos ha hablado el catedrático de Geografía Humana de
la Universitat Joan Romero, quien ha calificado como “hecho histórico” la
aparición de los 70.000 millones de euros que la UE pone a disposición de
España a través de los fondos Next Generation. Considera Romero que el desafío
es que las distintas administraciones “sean capaces de gestionarlos bien, para
lo cual resulta imprescindible la coordinación entre Gobierno, autonomías,
diputaciones y ayuntamientos”.
El ex conseller de Educación afirma que el contexto
en el que llegan estos fondos tiende a la confusión, con instituciones que
tienen una concepción muy vertical y estanca”, y reclama un papel más relevante
de los gobiernos locales y las diputaciones, acompañado de “una visión
estratégica para lograr que los fondos supongan una transformación real en
nuestro país”.
De la trascendencia de estos fondos y la importancia
de la transformación digital han hablado también los responsables de los
ejecutivos intermedios. El presidente albaceteño, Santiago Cabañero, propone
que los gobiernos de proximidad “acompañen a los sectores de la población que
no se van a digitalizar para evitar la brecha”. Desde Zamora, José María
Barrios alerta de que un 30% de municipios de su provincia no tiene internet, y
muchos de ellos ni siquiera cobertura móvil. Una realidad que comparte Burgos,
donde su presidente provincial, César Rico, pone el foco en “la potenciación de
la conectividad como herramienta para completar la necesaria digitalización”.
En términos más generales se han pronunciado otros
presidentes y presidentas provinciales, caso de Manuel Baltar (Ourense), quien
asegura que “los gobiernos provinciales contrarrestan el centralismo y deben
buscar sinergias entre ellos”; Carmela Silva, presidenta de la Diputación de
Pontevedra, quien apela a la responsabilidad de los gestores locales frente a
cambios vertiginosos, caso de la transformación ecológica; Catalina Cladera,
responsable del Consell Insular de Mallorca, quien ha expuesto la problemática
de un territorio más próximo a la superpoblación que a la España vaciada, con
dificultades para garantizar los servicios a toda la ciudadanía; y Miguel Ángel
Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, quien ha calificado la
conferencia como “un banco de buenas prácticas”.
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