Un juzgado obliga a precintar una mina en Villar del Arzobispo que ignoró hasta en tres ocasiones la orden de cese de actividad

+ TURIA | La mina efectuó una voladura con presencia de la Guardia Civil siete días antes de la orden judicial de cierre, a pesar de las repetidas ordenes de cese de actividad

La última voladura efectuada en la cantera con presencia de la Guardia Civil tuvo lugar el diez de diciembre, siete días antes de que el Juzgado de lo Penal de Llíria –a través de la policía autonómica- precediese a la intervención y precintado de la mina, ignorando hasta tres órdenes judiciales previas de cese de actividad.

Tal como informa elDiario.es, desde la plataforma Ecologistas en Acción de La Serranía aseguran que la cantera carece de permisos de explotación y que sobre ella pesaban dos órdenes de cierre por Consellería de Urbanismo.

La primera orden de cese de actividad se produjo el 27 de febrero de 2017, cuando la Dirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje (DGOTUP) ordenó a la empresa infractora detener sus trabajos en la  mina Vicentica -en el término municipal de Villar del Arzobispo y próxima al núcleo de población-. Esta resolución fue recurrida por la empresa, pero el recurso fue desestimado en mayo del mismo año, momento en el que la DGOTUP reiteró la orden de cese de actividad. Ya en esa ocasión la empresa fue avisada de que en caso de no cumplir la orden sería multada.

Durante los meses de mayo, junio y julio de ese mismo año fueron realizadas  hasta tres inspecciones por la policía local y el SEPRONA, concluyendo todas ellas en que la actividad minera continuaba. El 25 de julio se dictó un nuevo requerimiento de cese de actividad, bajo advertencia de que, en caso de ser nuevamente desatendido, se procedería al precinto de la explotación por parte de la policía autonómica.

La empresa minera volvió a recurrir –en septiembre de 2017- el cese de actividad, pero la solicitud fue denegada inmediatamente. A finales de ese mismo mes Fiscalía notificó la remisión de diligencias previas de investigación al Juzgado de Llíria para que iniciase procedimiento penal, como consecuencia de las posibles infracciones penales detectadas por la DGOTUP.

Finalmente el juzgado interpuso una multa coercitiva “ante la persistencia del incumplimiento en la ejecución de la orden de cese de actividad por parte de la empresa” y volvió a reiterar a la misma el cese de toda actividad que la empresa de nuevo desoyó. En ese contexto es cuando el Juzgado de lo Penal de Llíria acabó por incoar diligencias previas contra la empresa infractora en diciembre de 2017. | LEER NOTICIA COMPLETA |

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