Casinos lleva al Tribunal Superior de Justicia la planta de biometanización de Llíria y pide la paralización cautelar de las obras
El Ayuntamiento de Casinos ha presentado una demanda contra el proyecto de la planta de biometanización prevista en Llíria, a pocos kilómetros del municipio.
El alcalde, Miguel Navarré, denuncia que la Generalitat tramitó
las autorizaciones sin consultar al consistorio y advierte de posibles riesgos
para la calidad del aire, el acuífero Llíria-Casinos y los suelos agrícolas.
El
Ayuntamiento
de Casinos ha iniciado acciones judiciales contra la
construcción de la planta de biometanización proyectada en el término municipal de
Llíria, una instalación con capacidad prevista para gestionar
más de 192.000
toneladas de residuos al año.
El
alcalde de Casinos, Miguel Navarré, ha anunciado que el consistorio
presentó la pasada semana la primera de las dos demandas previstas ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con el objetivo de
impugnar las autorizaciones administrativas del proyecto y solicitar la
paralización cautelar de las actuaciones.
Según
ha explicado el primer edil, la instalación se ubicaría mucho más cerca del
núcleo urbano de Casinos que del de Llíria, pese a encontrarse
administrativamente en este último municipio.
Navarré
sostiene que la Generalitat Valenciana no consultó al Ayuntamiento de Casinos
durante la tramitación de la declaración de interés comunitario ni en la
evaluación de impacto ambiental.
«Casinos
no ha tenido ni voz ni voto y eso es absolutamente inadmisible», ha manifestado
el alcalde, quien considera que el municipio debería haber participado en un
procedimiento que, a su juicio, puede afectar directamente a sus vecinos.
Tres
informes periciales y una petición para suspender las obras
El Ayuntamiento ha encargado tres informes técnicos para fundamentar sus reclamaciones judiciales, centrados en la contaminación atmosférica, los recursos hídricos y los suelos agrícolas. Se trata de tres afecciones entre otras más que el ayuntamiento se ha reservado para su exposición y valoración en sede judicial.
El
primero, elaborado por el profesor Máximo Florín, cuestiona el estudio ambiental de
la planta por utilizar datos meteorológicos de Manises, a casi 30 kilómetros.
Según ha trasladado Navarré, las simulaciones realizadas advierten de que
determinadas emisiones podrían alcanzar Casinos en condiciones meteorológicas
desfavorables.
El
segundo informe, firmado por el geólogo Joan Escudet, señala posibles riesgos para el acuífero
Llíria-Casinos, una masa de agua compartida entre ambos
municipios.
Por
su parte, el profesor José Ramón Olarieta advierte de posibles
afecciones a los suelos agrícolas y cuestiona la evaluación de los efectos
derivados de la aplicación de los residuos resultantes del proceso de
biometanización sobre los terrenos y las aguas subterráneas.
Con
estos argumentos, el consistorio solicita la nulidad de la declaración de
interés comunitario, la declaración de impacto ambiental y la autorización
ambiental integrada del proyecto.
Además,
ha pedido al TSJCV que adopte medidas cautelares para paralizar los movimientos de tierras, las
obras y las actuaciones destinadas a poner en funcionamiento la planta
mientras se resuelve el litigio.
«No
tendría ningún sentido que la justicia nos dé la razón cuando el mal ya está
hecho», ha señalado Navarré, quien advierte de posibles daños ambientales
difíciles de reparar.
El tribunal todavía debe pronunciarse sobre la solicitud de
suspensión cautelar, según la información comunicada
por el alcalde.
El
primer edil ha insistido en que el Ayuntamiento no se opone a las energías
renovables, sino a la implantación de proyectos que considera insuficientemente
garantizados desde el punto de vista ambiental y administrativo.
Navarré
también ha agradecido el apoyo de la Asociación en Defensa del Camp de Túria y La Serranía,
que, según ha indicado, ha recogido más de 14.000 firmas contra el proyecto.
Finalmente,
ha anunciado que en las próximas semanas se celebrará una asamblea
vecinal con representantes del Ayuntamiento, la asociación, los
expertos y los abogados encargados del procedimiento para explicar la situación
judicial y los próximos pasos.
La
demanda y la solicitud cautelar abren una nueva fase del conflicto, pendiente
ahora de las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
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