La CHJ impulsa diez grandes proyectos para reducir el riesgo de inundaciones tras la DANA en las cuencas del Poyo, Magro y Pozalet-Saleta

La Confederación Hidrográfica del Júcar ya trabaja en la redacción de diez proyectos estratégicos valorados en cerca de cuatro millones de euros que permitirán aumentar la protección frente a futuras inundaciones en algunos de los territorios más afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. Las primeras propuestas estarán listas este otoño y se someterán a participación pública antes de su ejecución.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha iniciado la redacción de diez proyectos de gran envergadura destinados a minimizar el riesgo de inundaciones en las cuencas del barranco del Poyo, el río Magro y el sistema Pozalet-Saleta, tomando como punto de partida el comportamiento que tuvo el agua durante la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024.

Los trabajos, adjudicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a las uniones temporales de empresas Typsa-Gecival y Aquatec-Granell Horta Sud, cuentan con una inversión cercana a los cuatro millones de euros para la redacción de los proyectos. Los técnicos de la Confederación trabajan de forma coordinada con ambas ingenierías para establecer una hoja de ruta que permita desarrollar las actuaciones de forma progresiva y facilitar posteriormente su tramitación y licitación.

Más capacidad hidráulica, zonas inundables controladas y restauración ambiental

El análisis detallado de los efectos de la DANA ha permitido identificar los puntos donde se produjeron los principales desbordamientos, las zonas en las que se acumuló un mayor volumen de agua y aquellos lugares donde las corrientes alcanzaron mayor velocidad. Toda esta información servirá para diseñar actuaciones adaptadas a las características de cada territorio.

Entre las principales medidas previstas destacan la creación de Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC), espacios capaces de retener temporalmente grandes volúmenes de agua durante episodios de lluvias extremas para reducir el caudal que llega a las áreas más vulnerables. En zonas rurales se contemplan excavaciones, motas de protección o adecuación de terrenos inundables, mientras que en entornos urbanos se estudiarán soluciones compatibles con el uso ciudadano, como parques inundables, en colaboración con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos.

Uno de los proyectos más relevantes afectará al barranco del Poyo, donde se plantea aumentar progresivamente su capacidad hidráulica desde el entorno de Torrent hasta su desembocadura en l'Albufera de València. Para ello se prevé ampliar distintos tramos del cauce en municipios como Picanya, Paiporta, Catarroja y Massanassa, mejorar cruces estratégicos como el de la pista de Silla y restaurar ambientalmente el tramo final del barranco.

Estas actuaciones complementarán las obras de emergencia ejecutadas tras la DANA y se coordinarán con dos grandes proyectos de futuro: la Vía Verde del Poyo y la adecuación del nuevo cauce del Turia, concebidos para gestionar de forma más segura los caudales durante episodios extremos.

La estrategia también contempla actuaciones específicas en el río Magro, especialmente en Algemesí, donde se estudia ampliar el cauce por su margen derecha, recuperar vegetación de ribera y restaurar ambientalmente su desembocadura en el Júcar. Asimismo, se proyectan medidas para mejorar la protección de las pedanías del sur de València, eliminando obstáculos que dificultan el drenaje del agua y mejorando la conectividad hidráulica del territorio, prestando especial atención al efecto barrera que generan infraestructuras como la V-30 o el corredor ferroviario.

Según ha explicado el coordinador de los proyectos, Teodoro Estrela, el conocimiento obtenido tras analizar el comportamiento del territorio durante la DANA constituye la base para diseñar soluciones capaces de reducir el riesgo de inundación y aumentar la resiliencia frente a futuros fenómenos meteorológicos extremos.

La previsión de la Confederación es disponer de las primeras propuestas durante el próximo otoño. A partir de ese momento se abrirá un proceso de participación pública para que administraciones, entidades y ciudadanía puedan conocer las alternativas planteadas y realizar aportaciones antes de definir las soluciones definitivas.