La Generalitat pide al Supremo paralizar la regularización extraordinaria de inmigrantes y elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE

El Consell sostiene que el Real Decreto del Gobierno podría vulnerar la normativa europea sobre migración, asilo y control de fronteras. Además, solicita la suspensión cautelar de la norma antes de que produzca efectos irreversibles.

La Generalitat Valenciana ha presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo para respaldar la conveniencia de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Real Decreto 316/2026, aprobado por el Gobierno de España, que establece un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en situación irregular y modifica el Reglamento de Extranjería.

El Consell considera que esta medida tiene un impacto directo sobre la organización, financiación y prestación de los servicios públicos de la Comunitat Valenciana y que, además, podría entrar en conflicto con el Derecho de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo abrió un plazo de cinco días para que las partes presentaran alegaciones después de manifestar sus dudas sobre la compatibilidad del Real Decreto con la normativa comunitaria. La Abogacía de la Generalitat registró su escrito el 30 de junio de 2026.

La Generalitat cuestiona la legalidad del Real Decreto

En sus alegaciones, el Gobierno valenciano sostiene que el Real Decreto no constituye una simple modificación técnica del Reglamento de Extranjería, sino una regularización extraordinaria y de gran alcance, con capacidad para afectar a cientos de miles de personas.

Según el Consell, la medida podría tener consecuencias que trascienden el ámbito nacional, al afectar al funcionamiento del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, especialmente en cuestiones relacionadas con el asilo, los procedimientos de retorno y la libre circulación dentro del espacio Schengen.

La Generalitat también argumenta que el Ejecutivo central habría impulsado esta regularización sin la necesaria coordinación con la Comisión Europea ni con el resto de Estados miembros, precisamente en un momento previo a la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Posible conflicto con la normativa europea

El escrito presentado ante el Supremo sostiene que existen dudas sobre la compatibilidad del Real Decreto con diversas normas comunitarias, entre ellas el Reglamento europeo sobre el procedimiento común de protección internacional, la Directiva de Retorno, el Reglamento sobre gestión del asilo y la migración y la normativa que regula el espacio Schengen.

Asimismo, la Generalitat defiende que una disposición reglamentaria de ámbito estatal no puede producir efectos generales que comprometan una política común definida por la Unión Europea en materia migratoria.

Por este motivo, solicita al Tribunal Supremo que plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE para que sea este órgano quien determine si la regulación española resulta compatible con el ordenamiento jurídico europeo.

Solicita la suspensión cautelar del proceso

Además de pedir que el asunto llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Generalitat insiste en que el Supremo adopte medidas cautelares y suspenda de forma inmediata las disposiciones impugnadas del Real Decreto.

El Consell considera que, si la suspensión no se acuerda antes de que el proceso de regularización despliegue plenamente sus efectos, la futura resolución judicial podría perder eficacia práctica, ya que el plazo para presentar solicitudes concluye el 30 de junio de 2026.

La Generalitat mantiene que la norma fue aprobada sin la coordinación exigible con las instituciones europeas y con los demás Estados miembros, lo que, a su juicio, vulnera el principio de cooperación leal y el marco común establecido por la legislación de la Unión Europea en materia de migración, asilo y control de fronteras.