Proponen en el Congreso que se reconozca la importancia social de bares y comercios de pueblos pequeños
La Agrupación de electores de Teruel Existe registró
a finales del mes de enero una Proposición de Ley en el Congreso de los
Diputados que plantea el reconocimiento como entidades de la economía social a
los bares (pequeños establecimientos de hostelería) y las pequeñas tiendas,
comercios, y servicio de venta ambulante, que prestan sus servicios en
municipios de menos de 200 habitantes. El objetivo es que puedan acogerse a los
incentivos y beneficios que tienen reconocidas las empresas de economía social,
para facilitar así su viabilidad a largo plazo y evitar el cierre de muchos
establecimientos manteniendo estos servicios esenciales. Así lo ha trasladado
el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en rueda de prensa desde el
Congreso, en la que ha demandado sensibilidad con este asunto al resto de
grupos políticos y ha solicitado su apoyo a esta proposición de ley.
Teruel Existe ha propuesto la modificación del
artículo 5 de la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, que en el
momento de su aprobación supuso el reconocimiento de la labor de miles de
entidades que priorizan objetivos sociales y referentes al bien común, por
encima del beneficio económico. La norma denomina como economía social al
conjunto de las actividades económicas y empresariales privadas llevadas a cabo
con el fin de perseguir un «interés general económico o social» y reconoce que
su principio rector es la «primacía de las personas y del bien social sobre el
capital». Para Teruel Existe, el texto legislativo debería ampliarse para
incluir este tipo de servicios que, de esta forma, podrían tener bonificaciones
en las cuotas de la Seguridad Social, reducciones de impuestos y en algunos
casos exenciones, convocatorias exclusivas en determinadas subvenciones,…
La Agrupación de electores alude a que desde su propia experiencia diaria en los pueblos constatan que estos establecimientos trascienden del factor económico y prestan un servicio a los ciudadanos, que debe reconocerse en la ley. Defienden que cumplen las funciones de servicios básicos en las poblaciones rurales más pequeñas, puesto que en muchas de ellas no existen otras posibilidades para la adquisición de productos de primera necesidad, ni tampoco otros servicios de restauración y ocio, asimilando sus funciones a las de «centro social de convivencia o encuentro de la comunidad local». Aluden también a diferentes estudios académicos en los que se destaca la importancia de estos servicios como herramienta en la lucha contra la despoblación y se asegura que “en los municipios donde se cierra un bar o un pequeño comercio, la despoblación avanza mucho más rápido que en aquellos donde se mantiene abierto”. Explican que junto a la escuela, el cierre del bar suele ser indicativo de que un pueblo está en declive. Tomás Guitarte ha hecho hincapié en que “estos establecimientos fomentan la cohesión comunitaria y el desarrollo económico”.
Teruel Existe también argumenta que la problemática
ocasionada por la despoblación genera grandes dificultades para sus gestores y
sobre ellos se cierne a menudo la amenaza del cierre: “muchos municipios de
menos de 200 habitantes no tienen o ven peligrar la supervivencia de su bar y
comercio de alimentación, incluso mediante la venta ambulante”. Guitarte ha
indicado que se ha realizado un cálculo orientativo por el que serían más de
140.000 los residentes en pueblos de España que carecen del servicio social que
ofrece un bar, una cifra que se eleva en gran medida en cuanto a comercios de
alimentación se refiere.
Para Teruel Existe, la pérdida de estos servicios da
lugar a una situación de falta de equidad en las condiciones de vida de las
personas, especialmente las de mayor edad, una brecha territorial determinada
por el lugar en el que se reside. Por todo lo expuesto, pide que el Estado
apoye la función social que prestan estos servicios en cuanto que favorecen la
calidad de vida de quienes habitan la España vaciada.
Asimismo, en la exposición de motivos de la
Proposición de Ley presentada, valoran que estos servicios que el mercado
provee por sí solo en municipios más grandes, deben respaldarse
institucionalmente allá donde no llega la libre competencia, en busca del
interés general de la población que reside en la España vaciada. El diputado
turolense también ha solicitado que “no se pongan trabas a quienes deciden
emprender en el medio rural, porque sorprende que un pequeño establecimiento de
este tipo deba seguir los mismos trámites administrativos y tenga las mismas
cargas fiscales que el que se establece en una gran ciudad, cuando la
repercusión no va a ser la misma”. Además, alegan que el coste económico de
esta medida para el Estado sería mínimo. Defienden que deberían ser
considerados “elementos propios de la economía social, al igual que la tienen
otras actividades económicas diferenciadas que requieren de acciones
sustantivas de apoyo y fomento público, con incentivos y beneficios reconocidos
para reforzar su viabilidad a largo plazo”.
Valoran que esta medida permitiría salvar del cierre
a muchos establecimientos y también que muchos otros iniciaran su actividad
allí donde no han permanecido abiertos”, concluyen.
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