Veinte familias inquilinas de un edificio de Riba-roja de Túria reciben un aviso de expulsión de la Sareb

El alcalde de la localidad, Robert Raga, ha solicitado un encuentro “urgente” con el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, para “hacer frente” a esta “injusticia”

Veinte familias inquilinas de un edificio del municipio de Riba-roja de Túria (Valencia) han recibido un aviso de expulsión por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Ante esta situación, el alcalde de la localidad, Robert Raga, ha solicitado un encuentro “urgente” con el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, para “hacer frente” a esta “injusticia”.

Así lo ha manifestado el primer edil que, junto con la teniente alcalde y concejala de Urbanismo, Teresa Pozuelo, se ha reunido con representantes de las familias afectadas, ha indicado el consistorio en un comunicado. En este sentido, ha advertido de que estas personas, “pueden acabar en la calle aun teniendo todo en regla” y ha avisado que, en cualquier caso, el Ayuntamiento “no las va a dejar en ningún momento desamparadas”.

El pasado 16 de noviembre, tras ser avisados por la empresa y posteriormente por el Juzgado número 3 de Llíria, los vecinos afectados aportaron “toda la documentación que acredita la validez de los contratos de alquiler con la misma”.

En ese momento, el Ayuntamiento inició conversaciones con la Sareb para lograr una mediación y soluciones al problema, sin obtener por el momento ninguna respuesta favorable a los intereses de las familias.

Tras la vista con el juez a principios del mes de febrero y a la espera de la resolución judicial, Raga ha solicitado un encuentro “urgente” con el vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, para “hacer frente” a esta “injusticia”.

Según ha manifestado el responsable municipal, las familias cuya documentación avalaría la legitimidad de su condición de inquilinos, viven “una pesadilla” en un momento de “máxima dificultad social” por la pandemia.

Así, Raga ha trasladado a los representantes de las familias y a uno de los abogados presentes en el encuentro que el consistorio recurriría a todas las herramientas jurídicas a disposición y que se les informaría de “cualquier avance logrado”.

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