martes, 29 de enero de 2019

La CHJ abre 50 expedientes en tres años por pozos sin permiso


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El caso del pequeño Julen, al que los servicios de emergencia han tratado de rescatar con vida durante los últimos 13 días en una incansable lucha contra el reloj, ha sacado a relucir la problemática de los pozos irregulares y sin localizar.

En los últimos tres años La Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable del aprovechamiento de aguas, ha tramitado unos 50 expedientes sancionadores por ejecución de pozos y extracción de aguas subterráneas sin autorización o concesión, según fuentes de la institución.
Las sanciones, con un importe medio de 3.000 euros, no impiden que, pese a la vigilancia de la Guardia Civil o la propia CHJ, se sigan haciendo pozos sin el reglamentario permiso o autorización. En el conjunto de la CHJ, institución que territorialmente comprende las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, pero también parte de Teruel y Albacete, hay inscritos 24.500 pozos. «Estos pozos están equipados con bombas y tuberías para la extracción de aguas y en principio no deben de suponer ningún problema de seguridad para terceros, puesto lo normal es que los pozos y todo su equipamiento estén dentro de casetas en las que no está permitido el acceso», indican desde la CHJ.
Según datos a los que ha tenido acceso EL MUNDO. En la provincia de Castellón el número de pozos legales alcanzaría los 4.790. Sin embargo, ni la CHJ ni la Guardia Civil han sido capaces de especificar el número de sanciones o expedientes abiertos únicamente en la provincia de Castellón. En el caso de la CHJ, el único dato facilitado ha sido que medio centenar de sanciones se han impuesto en tres años en toda la demarcación que comprende esta Confederación.


AVISO EMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL ARZOBISPO

«La apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo de cuenca para la extracción de las aguas» supone una infracción. Por lo tanto, cuando los servicios de inspección y vigilancia del Dominio Público Hidráulico de este organismo detectan la existencia de un pozo sin autorización, «se incoa un expediente de diligencias previas con objeto de instar la legalización del pozo si ello es posible o, en caso contrario, iniciar un expediente sancionador». De igual forma, «cuando ser reciben denuncias de particulares, del Seprona o de otras administraciones, el servicio de inspección de este Organismo comprueba los hechos denunciados y se procede del mismo modo».
En todo caso, advierte la CHJ, que la resolución por la que, en su caso, se deniega una concesión de aguas subterráneas, una inscripción de un aprovechamiento del artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, o se declara la ilegalidad de un sondeo, ordena el sellado inmediato de la perforación conforme a lo dispuesto en el artículo 188 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Por otra parte, las cuestiones relativas a la seguridad de los trabajos de prospección y explotación de aguas subterráneas, se rigen por lo dispuesto en el vigente Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera ( RD 863/1985 del 2 de abril, BOE nº 140 de 12/6/1985), artículos 108, 109 y normas complementarias que lo desarrollan.

  

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