Ecologistas denuncian ante la Fiscalía varios proyectos fotovoltaicos en Andilla, Losa del Obispo y Chulilla

Acció Ecologista-Agró pide a la Fiscalía que investigue la tramitación de instalaciones fotovoltaicas en espacios protegidos y zonas integradas en la Red Natura 2000.

Los municipios serranos de Andilla, Losa del Obispo y Chulilla aparecen entre las localidades incluidas en la denuncia presentada por Acció Ecologista-Agró (AE-Agró) ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia por la tramitación de proyectos fotovoltaicos en terrenos protegidos. La organización ecologista considera que determinadas instalaciones promovidas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana podrían vulnerar la legislación estatal de protección ambiental y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

La denuncia afecta a un total de 41 proyectos fotovoltaicos, de los cuales 33 se ubicarían en suelos protegidos por la planificación urbanística y otros ocho dentro de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. Entre los municipios señalados figuran, además de Andilla, Losa del Obispo y Chulilla, localidades como Ayora, Zarra, Jalance, Jarafuel, Moixent, Llíria, Requena, Segorbe o Morella, entre otras.

Según la entidad ecologista, estos proyectos resultarían incompatibles con la normativa vigente al afectar a espacios que cuentan con valores ambientales, paisajísticos y ecológicos que deben ser preservados frente a actuaciones que puedan alterar significativamente sus características naturales.

Los ecologistas reclaman una investigación sobre la tramitación de los proyectos

AE-Agró recuerda que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que el despliegue de las energías renovables debe realizarse de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y con una adecuada ordenación del territorio. Asimismo, señala que la legislación estatal del suelo limita las actuaciones en terrenos protegidos a aquellos usos expresamente autorizados y siempre garantizando la conservación de los valores que justifican su protección.

La organización también pone el foco en los proyectos situados dentro de espacios de la Red Natura 2000, recordando que la normativa europea y estatal obliga a evitar cualquier deterioro de estos enclaves y exige evaluaciones rigurosas de sus posibles impactos antes de autorizar nuevas infraestructuras.

Según expone el colectivo ecologista, distintas resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han respaldado la necesidad de aplicar criterios restrictivos cuando se pretende implantar instalaciones industriales o energéticas en suelo rústico protegido, debido al carácter excepcional de este tipo de actuaciones.

En su escrito, Acció Ecologista-Agró advierte además de posibles responsabilidades penales para las autoridades o funcionarios que pudieran autorizar proyectos contrarios a la normativa de protección territorial y ambiental. Por ello, ha solicitado a la Fiscalía que analice la documentación aportada y determine si existen responsabilidades en la tramitación de los proyectos incluidos en la denuncia.

La iniciativa abre un nuevo frente en el debate sobre la implantación de energías renovables en la Comunitat Valenciana y el equilibrio entre la transición energética y la conservación de los espacios naturales protegidos, una cuestión que afecta de forma directa a municipios del interior como Andilla, Losa del Obispo y Chulilla, donde el valor ambiental del territorio constituye uno de sus principales patrimonios.