Casinos eleva su batalla legal contra la planta de biometanización de Llíria

El Ayuntamiento ha dado un nuevo paso contra el proyecto con un requerimiento previo a la Generalitat para que anule o revise la autorización de la canalización de gas renovable, después de que en marzo fuera rechazado su recurso contra la Declaración de Interés Comunitario.

El Ayuntamiento de Casinos ha decidido mantener y escalar su ofensiva administrativa y legal contra la planta de biometanización proyectada en Llíria, un conflicto que en los últimos meses ha ido creciendo tanto en el plano legal como en el social.

El nuevo movimiento del consistorio casinense se ha producido el 13 de abril, cuando el alcalde, Miguel Navarré, firmó un requerimiento previo entre administraciones dirigido a la Conselleria para que revise la resolución que autorizó la adaptación de infraestructuras y la ejecución de las instalaciones necesarias para inyectar gas renovable en la red desde la planta prevista en Llíria. En ese escrito, el Ayuntamiento pide la revocación o anulación de la autorización, o de forma subsidiaria la retroacción del procedimiento para someter el conjunto del proyecto a una evaluación ambiental global, acumulativa y conjunta, y advierte de que, si no se atiende su petición, acudirá a la vía contencioso-administrativa.

La argumentación municipal se centra ahora en la autorización de la infraestructura gasista vinculada al proyecto. El consistorio sostiene que existe una unidad funcional entre la planta de producción de biometano y la instalación de inyección en red, ya que esta última depende exclusivamente del gas generado por la primera. Por ello, considera que ambas actuaciones forman en realidad un único sistema técnico y funcional y que su tramitación separada habría impedido una evaluación ambiental completa de los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto. El requerimiento incide en que la propia resolución autonómica reconoce que la infraestructura de inyección está destinada al gas producido por la planta de “upgrading” promovida por Bioenergía Gas Renovable V, S.L., y a partir de ahí concluye que no puede hablarse de proyectos independientes.

Este nuevo frente se suma a la batalla legal que Casinos ya había abierto meses antes sobre la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de la planta. Según la resolución autonómica notificada al Ayuntamiento, el consistorio pidió en diciembre de 2025 la revisión de oficio tanto de la DIC como de la Declaración de Impacto Ambiental al entender que se habían omitido trámites esenciales, especialmente la audiencia a municipios colindantes potencialmente afectados. Esa solicitud fue inadmitida a trámite el 28 de enero de 2026 y el recurso de alzada posterior fue desestimado el 27 de marzo por la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, que sostuvo que no concurría nulidad de pleno derecho y que Casinos pudo haber alegado durante la fase de información pública. La propia resolución autonómica deja abierta expresamente la vía contencioso-administrativa ante los juzgados.

Protestas, recursos y movilización vecinal

La disputa no se ha quedado en los despachos. El conflicto ha ido acompañado de una creciente movilización social en Casinos, Domeño, Llíria y otros municipios del entorno. La oposición vecinal tomó fuerza en otoño de 2025, cuando comenzaron a multiplicarse las protestas públicas y la presencia de pancartas contra la “macroplanta” en Casinos. En noviembre de 2025 se celebró una manifestación en Llíria convocada por la Associació Ciutadana Camp de Túria i la Serranía, a la que acudieron centenares de personas de distintos municipios de la comarca.

La presión se mantuvo en 2026. En enero, el Ayuntamiento de Casinos llamó públicamente a sus vecinos a participar en una nueva manifestación en Llíria y defendió que estaba “luchando” para frenar legalmente el proyecto mediante un recurso de revisión dirigido a la Conselleria. Posteriormente, el movimiento ciudadano volvió a salir a la calle con nuevas concentraciones, entre ellas una cacerolada en marzo y otra gran movilización en València en febrero, dentro de una campaña que ha convertido la planta en uno de los principales focos de conflicto territorial en el Camp de Túria y La Serranía.

En paralelo, el debate público ha seguido creciendo con actos informativos y coloquios sobre el biometano celebrados en Llíria, mientras el Ayuntamiento de Casinos ha ido reforzando su postura institucional. La SER informó esta misma semana de que el consistorio ha encargado estudios técnicos independientes sobre olores, contaminación de acuíferos y posibles afecciones a la salud para preparar una eventual ofensiva judicial más amplia.

El núcleo del conflicto

La planta, impulsada por The Green Vector —alianza de Enagás Renovable y Genia Bioenergy—, comenzó sus obras en febrero de 2026 y prevé tratar más de 192.000 toneladas anuales de residuos, una magnitud que ha concentrado buena parte de las críticas vecinales y municipales. Los detractores del proyecto cuestionan tanto su dimensión como su proximidad a núcleos habitados, el origen de los residuos y el impacto de subproductos como el digestato, además del aumento del tráfico pesado y de los riesgos sobre el medio ambiente y la calidad de vida.

Frente a ello, la Generalitat y la empresa promotora han defendido en distintas ocasiones que el proyecto cumple la normativa, que cuenta con las autorizaciones autonómicas necesarias y que encaja en la estrategia de economía circular y de producción de energía renovable. The Green Vector aseguró en octubre de 2025 que la instalación no generaría olores ni impactos negativos relevantes y se mostró abierta al diálogo, mientras la Generalitat ha venido sosteniendo que este tipo de instalaciones contribuyen a reducir la dependencia energética y a valorizar residuos orgánicos.

Con todo, el Ayuntamiento de Casinos ha dejado claro que no da la batalla por cerrada. Tras el revés administrativo de marzo en la cuestión urbanística y ambiental de la DIC, el consistorio ha abierto ahora un nuevo frente contra la autorización gasista vinculada a la planta, insistiendo en que el proyecto ha sido fragmentado de forma indebida y que debe someterse a una evaluación conjunta. La controversia entra así en una nueva fase, con la vía judicial cada vez más cerca.