Riba-roja solicita al Consell Jurídic Consultiu un informe sobre la resolución del PAI la Gavina

El pleno respalda por unanimidad la petición tras la oposición de la empresa urbanizadora y mantiene la incautación del aval y la reclamación de daños por más de 27.000 euros

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha solicitado un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la resolución de la condición de agente urbanizador a la empresa encargada del Programa de Actuación Integrada (PAI) la Gavina. La propuesta del equipo de gobierno del PSPV contó con el respaldo unánime del resto de grupos municipales: Partido Popular, Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox.

La petición del informe constituye un trámite administrativo preceptivo tras la oposición formal de la empresa a la resolución del contrato como agente urbanizador de un PAI que comenzó a tramitarse en el año 2003 y que, según el consistorio, ha acumulado incumplimientos reiterados y desatención a los requerimientos emitidos por distintas administraciones públicas.

Resolución del contrato y reclamación económica

El pleno municipal ya acordó el pasado mes de diciembre la resolución de la condición de agente urbanizador y cuantificó los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento en 27.482,36 euros. Asimismo, decidió incautar el aval bancario depositado en su día por la mercantil, por un importe total de 72.471 euros.

El acuerdo plenario rechaza las dos alegaciones presentadas por la empresa tras la rescisión del contrato. La mercantil sostiene que las obras pendientes no son imputables a su voluntad y que se produjeron modificaciones sobrevenidas del programa inicial que alteraron las condiciones técnicas y económicas, encareciendo los trabajos.

Sin embargo, los informes técnicos municipales concluyen que la empresa no atendió en su totalidad los requerimientos realizados desde 2013, cuando ya se le instó formalmente al cumplimiento de sus obligaciones bajo advertencia de penalidades y posible resolución contractual.

Actuaciones previas y ejecución fuera de plazo

Los informes municipales también recogen que la empresa inició obras de forma simultánea al inicio de la tramitación administrativa para la aprobación de la documentación, y que se detectaron actuaciones junto a la carretera CV-372 por parte del Servicio Territorial de Planificación y la Conselleria competente en materia de Medio Ambiente tras una visita técnica.

Además, se constata que se ejecutaron trabajos con anterioridad a la adjudicación definitiva del PAI, cuya homologación y plan parcial fueron aprobados en octubre de 2011 por la Comisión Territorial de Urbanismo.

El Ayuntamiento subraya que la empresa no presentó análisis de viabilidad ni solicitó una retasación de cargas ante las supuestas alteraciones económicas, limitándose, según el acuerdo plenario, a no atender los requerimientos municipales.

El pleno también rechazó la alegación relativa a los costes soportados por la urbanización. El informe técnico recuerda que las obras se ejecutaron al margen de la legalidad y antes de la adjudicación formal como agente urbanizador, y que la empresa no presentó certificaciones de obra ni giró las cuotas correspondientes.

Contexto urbanístico y posicionamiento del alcalde

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha señalado que el PAI la Gavina “es una muestra más del urbanismo que imperó durante años bajo los gobiernos del Partido Popular, en el que no se llevó una correcta gestión de planificación y control del territorio en la época de la burbuja inmobiliaria”.

Raga ha recordado que el municipio mantiene actualmente 22 unidades de ejecución en conflicto que el actual equipo de gobierno está tratando de resolver.

Con la solicitud del informe al Consell Jurídic Consultiu, el Ayuntamiento busca reforzar la seguridad jurídica del procedimiento y avanzar en la resolución definitiva de un expediente urbanístico que arrastra más de dos décadas de tramitación.