La Generalitat instala 300 alarmas antiokupas en viviendas públicas

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo adjudica un contrato de más de 4,7 millones de euros para proteger inmuebles en rehabilitación o pendientes de adjudicación en toda la Comunitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha adjudicado el contrato para la instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarmas individuales en viviendas del parque público autonómico con el objetivo de prevenir ocupaciones ilegales.

Esta actuación se enmarca en el plan de medidas impulsado durante 2025 por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, orientado a reforzar la protección de los inmuebles públicos mientras se encuentran en proceso de rehabilitación o pendientes de adjudicación a nuevos usuarios.

Las alarmas, que no requieren conexión al suministro eléctrico, estarán conectadas a una central de seguridad con aviso inmediato a la Policía, lo que permitirá una actuación rápida ante cualquier intento de ocupación. La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha señalado que la ocupación ilegal constituye uno de los principales problemas que afectan al parque público de viviendas de la Generalitat.

Según ha explicado, estas situaciones impiden la rehabilitación y posterior adjudicación de viviendas a familias que sí respetan la legalidad, además de generar conflictos de convivencia, sensación de inseguridad y prácticas fraudulentas como los enganches ilegales a suministros, con el consiguiente riesgo para el resto de residentes.

El contrato adjudicado asciende a 4.743.200 euros y tendrá una duración de cuatro años. Se estructura en dos lotes: 150 alarmas para la provincia de Alicante y 150 para las provincias de Valencia y Castellón. Al proceso de licitación se presentaron un total de seis empresas.

Una vez que una vivienda es rehabilitada y adjudicada de forma legal, el sistema de alarma se trasladará a otro inmueble, permitiendo optimizar los recursos públicos. El contrato incluye no solo la instalación de los dispositivos, sino también su mantenimiento, el traslado de equipos, la reposición en caso de actos vandálicos, la custodia de llaves y servicios de verificación personal durante toda su vigencia.

Esta medida se suma a otras actuaciones ya implantadas por la Generalitat, como la colocación de puertas antivandálicas y la contratación de servicios de seguridad privada en determinados bloques, dentro de una estrategia integral para combatir la ocupación ilegal en la vivienda pública.