El campo valenciano se levanta contra la política agraria europea
Las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana llaman a una movilización masiva en Valencia para denunciar los acuerdos comerciales sin reciprocidad, los recortes de la PAC, la burocracia excesiva y las políticas que ponen en riesgo la soberanía alimentaria y el futuro del sector.
Las
organizaciones agrarias Asociación Valenciana
de Agricultores (AVA-ASAJA), La
Unió Llauradora i Ramadera, Coordinadora
Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el
apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la
Comunitat Valenciana, organizarán una tractorada y manifestación en
la ciudad de Valencia el próximo 29 de enero. La protesta se enmarca en una
semana de movilizaciones en todo el país y convertirá esa jornada en el
denominado “superjueves del campo español”.
Las entidades
convocantes invitan a productores, empresas auxiliares, entidades del
vecindario y consumidores a sumarse a una protesta que, según advierten, va más
allá de una reivindicación sectorial. A su juicio, está en juego la
competitividad y la viabilidad de quienes producen los alimentos que consume la
población a diario, sostienen el empleo rural, generan riqueza y mantienen el
territorio como un “manto verde que no se quema”.
Los
representantes agrarios alertan de que las políticas europeas actuales conducen
a una creciente dependencia de alimentos procedentes de terceros países, que
consideran menos seguros, más contaminantes y, a largo plazo, más caros. En un
contexto de inestabilidad internacional, subrayan que Europa debe elegir entre
soberanía o incertidumbre alimentaria, una decisión que afecta directamente al
conjunto de la sociedad.
Recorrido y reivindicación hidráulica
La manifestación comenzará a las 10.00 horas frente a la Confederación Hidrográfica del Júcar,
donde se reclamará una solución justa y digna para los agricultores cuyas
parcelas fueron arrasadas por la dana y pasarán a Dominio Público Hidráulico.
La movilización defenderá también los regadíos y las infraestructuras
hidráulicas como elementos esenciales para la viabilidad del campo valenciano.
El recorrido discurrirá por las Torres de Serranos y concluirá ante la
Delegación del Gobierno, donde se leerán los manifiestos y se dirigirán
discursos a las personas asistentes.
Rechazo a Mercosur y a los recortes de la PAC
Entre las principales demandas figura el rechazo a la propuesta actual del
acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que se ha
negociado sin garantías suficientes para el sector agrario. Las organizaciones
exigen estudios de impacto rigurosos, reciprocidad real, cláusulas de
salvaguardia eficaces y una complementariedad que no perjudique a la producción
europea. En la misma línea, reclaman revisar los acuerdos ya vigentes y los que
se negocien en el futuro con terceros países como Egipto, Turquía, Marruecos o
Sudáfrica.
El sector
también muestra su oposición frontal a la propuesta de la Comisión Europea
sobre el Marco Financiero Plurianual y la PAC posterior a 2027. Denuncian la
integración de la PAC en un fondo único, el desmantelamiento de su estructura
histórica, el recorte presupuestario previsto, la eliminación de los dos
pilares tradicionales, el aumento de la carga administrativa y la tendencia a
la renacionalización de los fondos.
Menos burocracia y normas adaptadas al campo
Otra de las reivindicaciones centrales es la simplificación normativa y la
seguridad jurídica, con regulaciones adaptadas a la realidad agraria que no
supongan una pérdida de competitividad. Las entidades reclaman la voluntariedad
indefinida del cuaderno digital de explotación y una reorientación de las
políticas estatales para priorizar la agricultura frente a normativas
medioambientales que, a su juicio, no siempre se ajustan a criterios científicos.
En este sentido, proponen sustituir la actual Ley de Restauración de la
Naturaleza por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Sanidad vegetal, agua y rentabilidad
Las organizaciones agrarias exigirán reforzar y armonizar los controles fitosanitarios
en los puertos de entrada, con inspecciones en origen, tratamientos en frío más
rigurosos y la suspensión de exportaciones a la Unión Europea en caso de
incumplimientos reiterados. También reclamarán una nueva política hidrológica
que apueste por infraestructuras de almacenamiento y distribución de agua, la
revisión de los caudales ecológicos y un mayor impulso a la reutilización de
aguas depuradas.
Entre las demandas finales figuran la mejora de los seguros
agrarios para cubrir todos los riesgos climáticos y de fauna salvaje, la
agilización de autorizaciones excepcionales de fitosanitarios sin alternativas
eficaces, el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con
prohibición de la venta a pérdidas y la publicación de los costes medios de
producción. Asimismo, piden una ley de emergencia por daños de fauna salvaje,
adaptar la reforma laboral a las campañas agrarias, actualizar los módulos del
IRPF agrario y reforzar el marco legal y los recursos para combatir los robos
en el campo.







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