La Fiscalía de Valencia investiga las macroplantas solares de Renovalia en la Serranía
La fiscalía provincial de Valencia ha abierto
diligencias a instancias de la asociación “Defiende tu Pueblo” por presunta
tramitación irregular de las macroplantas fotovoltaicas de la empresa Renovalia
Energy Group en la comarca de la Serranía.
Así lo ha hecho público la agrupación a través de
una nota de prensa, que el fondo de inversión Renovalia viene presentando desde
2021 proyectos fotovoltaicos en la Serranía. Muy próximos y frecuentemente
contiguos, todos tienen una capacidad de 49.9 MW, sumando un total de 950 MW
que ocupan 1.100 hectáreas. Un truco que les permite evitar la evaluación por
parte del Ministerio de Transición Ecológica (que tramita las de potencia igual
o mayor a 50 MW) dejando el procedimiento en manos de la administración
autonómica. “Defiende tu Pueblo” considera tal circunstancia una vulneración de
la normativa estatal y ya lo manifestó en las alegaciones presentadas a cada
uno de los proyectos: el fraccionamiento de un macroproyecto en proyectos más
pequeños solo busca evitar la evaluación ambiental del conjunto completo por
parte de la administración estatal
Tras la nula información pública inicial e
infructuosas solicitudes de acceso al expediente, “Defiende tu Pueblo” ha
decidido denunciar ante la Fiscalía que tanto promotora como Consellería han
obviado los graves impactos ambientales sobre áreas protegidas como Red Natura
2000 y zonas de especial protección para aves, así como la grave afección a
regadío y suelos fértiles. Todo ello aderezado con una presunta manipulación de
los plazos legales del procedimiento y un intolerable ninguneo de los
ayuntamientos y sus planes de ordenación.
La asociación argumenta que en los últimos años, al albur del auge de las renovables y los incentivos públicos, se han multiplicado los proyectos de este tipo en las comarcas de interior, de los que la Serranía es un claro ejemplo. Sin embargo, estos proyectos no siempre cuentan con el consenso de los habitantes y las administraciones locales, que ven amenazado su patrimonio natural, cultural y económico. Una supuesta “utilidad pública” otorga a las promotoras el beneplácito de las administraciones para expropiar hasta un 75% del suelo rústico necesario, y con el dinero de las ayudas estatales y europeas, todos financiamos un negocio redondo que usurpa la tierra de agricultores y produce un grave menoscabo ambiental y económico.
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