La Fiscalía de Valencia investiga las macroplantas solares de Renovalia en la Serranía

La fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias a instancias de la asociación “Defiende tu Pueblo” por presunta tramitación irregular de las macroplantas fotovoltaicas de la empresa Renovalia Energy Group en la comarca de la Serranía.

Así lo ha hecho público la agrupación a través de una nota de prensa, que el fondo de inversión Renovalia viene presentando desde 2021 proyectos fotovoltaicos en la Serranía. Muy próximos y frecuentemente contiguos, todos tienen una capacidad de 49.9 MW, sumando un total de 950 MW que ocupan 1.100 hectáreas. Un truco que les permite evitar la evaluación por parte del Ministerio de Transición Ecológica (que tramita las de potencia igual o mayor a 50 MW) dejando el procedimiento en manos de la administración autonómica. “Defiende tu Pueblo” considera tal circunstancia una vulneración de la normativa estatal y ya lo manifestó en las alegaciones presentadas a cada uno de los proyectos: el fraccionamiento de un macroproyecto en proyectos más pequeños solo busca evitar la evaluación ambiental del conjunto completo por parte de la administración estatal

Tras la nula información pública inicial e infructuosas solicitudes de acceso al expediente, “Defiende tu Pueblo” ha decidido denunciar ante la Fiscalía que tanto promotora como Consellería han obviado los graves impactos ambientales sobre áreas protegidas como Red Natura 2000 y zonas de especial protección para aves, así como la grave afección a regadío y suelos fértiles. Todo ello aderezado con una presunta manipulación de los plazos legales del procedimiento y un intolerable ninguneo de los ayuntamientos y sus planes de ordenación.

La asociación argumenta que en los últimos años, al albur del auge de las renovables y los incentivos públicos, se han multiplicado los proyectos de este tipo en las comarcas de interior, de los que la Serranía es un claro ejemplo. Sin embargo, estos proyectos no siempre cuentan con el consenso de los habitantes y las administraciones locales, que ven amenazado su patrimonio natural, cultural y económico. Una supuesta “utilidad pública” otorga a las promotoras el beneplácito de las administraciones para expropiar hasta un 75% del suelo rústico necesario, y con el dinero de las ayudas estatales y europeas, todos financiamos un negocio redondo que usurpa la tierra de agricultores y produce un grave menoscabo ambiental y económico.

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