La Diputació cierra Divalterra tras completar el proceso de liquidación
Desde hoy Divalterra solo existe en la historia.
Punto y final. Se acabó”. Con estas palabras ha terminado el presidente de la
Diputació de València, Toni Gaspar, su intervención en la última Junta General
de la empresa pública, la que certifica el cierre de la antigua Imelsa tras
completarse un proceso de liquidación que ha durado 453 días, desde que el 23
de marzo de 2021 el presidente Gaspar anunciara la decisión de acabar con un
ente “demasiadas veces utilizado como icono de la perversión”.
La Junta General celebrada tras el pleno de junio de
la corporación provincial ha puesto fin a las tres décadas de existencia de la
mercantil, “fruto de un análisis detallado y exhaustivo que tiene detrás años
de trabajo y que de haberse iniciado antes hubiera evitado algunos
sufrimientos”, ha señalado Gaspar, quien ha agradecido la profesionalidad de
Afianza Asesores durante el proceso de liquidación y la responsabilidad y la
comprensión de trabajadores, sindicatos, habilitados nacionales y equipo de
gobierno para “salvar a las personas que integran la empresa y la función que
ejercen”.
El máximo responsable provincial ha recordado que la
decisión de cerrar Divalterra se tomó “para garantizar la dignidad y la
estabilidad laboral de sus trabajadoras y trabajadores, para acabar con la
incertidumbre, el desprestigio y la ineficacia de una firma que tantas veces se
ha alejado de su objeto fundacional, y para que las brigadas dejaran de ser
prebenda, moneda de cambio de algunos políticos o coto particular de ningún
ayuntamiento, que es lo que conseguimos dejando trabajar a los brigadistas bajo
la coordinación y la profesionalidad del Consorcio de Bomberos”.
Tras los agradecimientos, incluido el dirigido a la
bancada de la oposición por “los silencios públicos y los consejos discretos
para salvaguardar la dignidad de muchas familias valencianas”, una crítica al
“ruido político improductivo e irresponsable, el que busca el protagonismo sin
pudor ni memoria”. Con la mirada puesta en el grupo popular, el presidente
Gaspar ha defendido que “cuando no tomas partido contra la corrupción la estás
alimentando, por incompetencia o por oscuros intereses”, al tiempo que ha
afeado los “continuos comunicados públicos en los que las palabras más
utilizadas eran bloqueo y paralización”.
Gaspar ha arremetido contra una actitud política
“basada en la amenaza y no en la presunción de inocencia y las buenas
intenciones, tan inútil para la sociedad como para la reputación de las
personas que tratamos de gestionar los recursos públicos, con decisiones a
veces arriesgadas frente a los que prefieren la comodidad como compañera de
viaje”. “Al Partido Popular de esta Diputación, gracias por nada”, ha rematado
el presidente.
Más de un año
de proceso
El cierre definitivo de Divalterra pone fin a años
de trabajo del equipo de gobierno encabezado por Gaspar, con el epílogo de una
liquidación que ha ejecutado Afianza Asesores, con la colaboración de los
habilitados nacionales y los funcionarios de la institución en un proceso que
ha durado aproximadamente 15 meses. El balance de cuentas deja un saldo
positivo de tres millones de euros de los que pasa a disponer la Diputación.
El balance final de liquidación ha sido aprobado con
los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del resto de grupos,
entre ellos Ciudadanos, que pese a mantener su postura inicial respecto al
proceso, ha destacado “la gran labor y el trabajo minucioso” llevado a cabo por
la empresa liquidadora de Divalterra.
En representación de Afianza Asesores, Elena Mazón
ha explicado que “la mejor solución para Divalterra era su disolución”, y ha
agradecido la confianza depositada por la institución, el papel de los
habilitados nacionales y el esfuerzo de la plantilla y los sindicatos para
llevar el proceso a buen término. “En ningún momento nos hemos sentido
presionados”, ha concluido la responsable de la empresa liquidadora.
A finales de marzo de 2021, Toni Gaspar anunciaba en
la Junta General de Divalterra el “cierre ordenado y definitivo” de la
mercantil, situando a los trabajadores y trabajadoras como “máxima prioridad”.
El siguiente paso, de manera simultánea, fue informar a las secciones
sindicales de la empresa pública que los puestos de trabajo estaban asegurados,
ya que los servicios se seguirían prestando con independencia del cierre.
Profesionalidad
y diálogo
Dos meses después, la Diputación aprobaba en un
pleno extraordinario el acuerdo para el traspaso de personal de la mercantil al
Consorcio Provincial de Bomberos y la propia corporación, asumiendo así
oficialmente las funciones de Divalterra. El proceso continuó con el
nombramiento de Afianza Asesores como órgano liquidador, a propuesta conjunta
de Intervención y Secretaría de la Diputación, dado que los habilitados
nacionales consideraban a esta firma madrileña como “la oferta profesionalmente
más adecuada”.
En este contexto, el Consejo de Administración de
Divalterra cesó en sus funciones para que fueran el interventor y el secretario
quienes trabajaran junto a los liquidadores en el tránsito hasta el cierre, en
la línea expresada por el presidente Gaspar de “dejar trabajar a los que saben,
de la mano de la ley”.
A finales de 2021, fruto del diálogo entre la
Diputación y las secciones sindicales de Divalterra, se puso en marcha un plan
de bajas voluntarias en condiciones ventajosas al que se acogieron 87 personas.
Este sería el paso inmediatamente anterior a la integración de las brigadas
forestales en el Consorcio de Bomberos y la asunción del resto de la plantilla
en diferentes áreas de la Diputación.
De esta manera culminaba el traspaso de la plantilla
desde la extinta mercantil hacia la corporación y Bomberos, con las mismas
condiciones laborales que estas trabajadoras y trabajadores tenían en
Divalterra. Actualmente, la totalidad de los servicios que ofrecía la empresa
pública se siguen prestando desde el ente provincial y sus organismos públicos.
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