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El Gobierno ordena demoler la Presa de los Toranes

 

El Gobierno ha ordenado demoler 12 de las 21 concesiones hidroeléctricas caducadas en esta legislatura. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «tiene constancia de la finalización del plazo concesional o de la extinción, desde enero de 2020», de 21 concesiones con apenas 37,7 megavatios (MW) de potencia, ubicadas en las provincias de Alicante, Asturias, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Navarra, La Rioja, Teruel, Valencia y Zaragoza.

Desde 2020, tal como destaca elDiario.es, se ha ordenado la «demolición a cargo del titular» de doce de ellas, con 15,38 MW, en las cuencas del Cantábrico, Tajo, Júcar y Ebro. Otras cuatro (11,8 MW) han sido revertidas y adscritas a las confederaciones del Cantábrico y el Ebro para que las gestionen directamente. En dos (2,8 MW) se ha iniciado el expediente de extinción. Y en tres (7,2 MW) ese trámite aún no ha empezado, explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria fechada el 7 de septiembre.

Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al extinguirse estos aprovechamientos (con carácter general, se extienden 75 años, aunque algunas se han llegado a prorrogar más de un siglo), debe optarse por su continuidad o demoler las instalaciones. De los que se ha decidido destruir, la mayoría de la potencia (12 MW) corresponde a la presa de Los Toranes (Albentosa, Teruel), construida en 1954 y ubicada en el río Mijares (comarca de Gúdar-Javalambre).

Esta concesión se extinguió en noviembre de 2020 y la explotaba Iberdrola. Transición Ecológica ordenó demoler la presa con el apoyo de varios grupos ecologistas, que defienden recuperar el estado original de los ríos, como marca la Estrategia Europea para la Biodiversidad para 2030, que se propuso devolver a su caudal libre 25.000 kilómetros de cursos fluviales en la UE.

En febrero, Ecologistas en Acción, WWF, SEO-Birdlife o Amigos de la Tierra, entre otros, enviaron una carta a la vicepresidenta Teresa Ribera en apoyo al derribo, por «criterios científicos, técnicos y ambientales», porque su producción energética es «muy escasa» y «su explotación hidroeléctrica no es compatible con la preservación de un mínimo caudal ecológico imprescindible para la salud del ecosistema fluvial».

La presa está «obsoleta» y si sigue en pie es porque Iberdrola ha pleiteado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque «no quiere pagar los costes», dice el exeurodiputado David Hammerstein, de la asociación Ríos con Vida.

Pero algunos grupos locales se oponen al derribo: del Gobierno de Aragón al PSOE de Teruel o el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que en diciembre reclamó a Ribera que «evalúe correctamente el impacto social que provocaría»: la presa y las acequias que alimenta «generan riqueza en el sector agrícola, en el energético e incluso en el turístico, al perder dos saltos de agua muy visitados», y «es un punto esencial de captación de agua en una zona de alto riesgo de incendios». También el PP se interesó entonces por la infraestructura.

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