Policías Locales y fuerzas de seguridad extremarán la vigilancia en los lugares de mayor afluencia
Bravo advierte que el botellón será considerado una falta grave multada con hasta 30.000 euros
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo ha destacado que el botellón será considerado "una infracción grave con multas que van desde 601 a 30.000 euros", tras haber sido aprobado por el Pleno del Consell celebrado este viernes el decreto ley que modifica el régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas frente a la COVID-19.
Así se ha expresado la consellera al término de la
reunión de coordinación de seguridad de medidas COVID-19 presidida por el
president de la Generalitat, Ximo Puig, y en la que también ha participado la
delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, los máximos
responsables del Cuerpo de Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia
Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias; así como el alcalde de
València, Joan Ribó, y representantes de los ayuntamientos de Alicante, Castellón
y Elche, y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Durante la sesión de trabajo, se ha informado sobre
la modificación del Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio por el que se establece
el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las
disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la COVID-19, que
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana (DOGV).
En concreto, la norma prohíbe el consumo colectivo
de cualquier tipo de bebida en la vía pública o demás espacios abiertos al
público, cuando se constate por la autoridad inspectora que se impide o
dificulta la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
Además, se califica como infracción grave la
participación y, como muy grave la organización de reuniones, fiestas o
cualquier otro tipo de acto equivalente, de carácter privado o público, que
impliquen una aglomeración o agrupación de personas, cuando también "se
constate por la autoridad inspectora que las circunstancias de la celebración
impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal".
Por otra parte, el decreto incorpora la modificación
de la ley de Salud Pública que permitirá avanzar la prohibición de la venta de
bebidas alcohólicas en supermercados y tiendas al por menor a partir de las
20.00 horas.
Estas medidas se aplican a todo el territorio de la
Comunitat Valenciana independientemente de si hay o no toque de queda en los
municipios de mayor incidencia de la COVID-19.
Efecto
disuasorio entre los jóvenes
La consellera ha explicado que "en este tipo de
fiestas y de reuniones es donde tenemos el mayor índice de contagios, por lo
que el denominado botellón se está convirtiendo en un gran factor de
riesgo". Bravo ha justificado de este modo la necesidad de considerar el
botellón como una infracción grave y establecer multas cuantiosas.
Para la consellera, la medida busca "un efecto
disuasorio entre los jóvenes porque, aunque confiamos en ellos, debemos
recordarles que el virus ataca a todos y que el 10 por ciento de los jóvenes
que se contagian tienen secuelas muy importantes". Por eso Gabriela Bravo
ha apelado a su responsabilidad y ha mostrado su confianza en que
"cumplirán las medidas sanitarias".
La consellera ha pedido la máxima colaboración a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en especial a la Policía Local,
"porque son precisamente los ayuntamientos quienes conocen los lugares de
mayor afluencia por parte de los jóvenes".
Por último, Bravo ha señalado que "no podemos
consentir que las fiestas se trasladen a otros espacios donde no hay posibilidad
de controlar los aforos ni de llevar a cabo ningún tipo de medida sanitaria,
sobre todo el distanciamiento social".
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