La Diputación de Valencia echa el cierre a Divalterra

+ TURIA | Los trabajadores, más de 700, han anunciado acciones legales para defender sus empleos

La empresa pública de la Diputación, que gestiona entre otros servicios las brigadas forestales y cambió de nombre con el cambio de Gobierno por su vinculación a los casos de corrupción del PP, se liquidará tras la investigación por las contrataciones con Jorge Rodríguez.

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia ha acordado este lunes el cierre "ordenado" de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos.

Así lo ha anunciado la presidenta en funciones de la corporación provincial, Maria Josep Amigó, tras la reunión del equipo de gobierno que iba a convocar la junta de portavoces para la celebración, previsiblemente esta semana, del pleno donde se hará efectiva la renuncia de Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación a raíz de su investigación en la operación Alquería.

En esa operación se detuvo a Rodríguez y a cinco cargos más de la Diputación por las sospechas en torno a varios contratos de alta dirección en Divalterra, que quedaron en libertad pero siguen investigados judicialmente por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

A raíz de esa operación el PSOE suspendió de militancia a Rodríguez, a quien el PSPV también apartó de sus cargos orgánicos, y llevó al también alcalde de Ontinyent a renunciar a la presidencia de la Diputación y al acta de diputado provincial, así como a la delegación temporal de funciones en su Ayuntamiento mientras dure la investigación judicial, declarada secreta.

Divalterra cuenta actualmente con unos 700 trabajadores y nació para la gestión forestal y las iniciativas de empleo local y rural en la provincia de Valencia.

Movilizaciones de los trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este lunes movilizaciones contra el cierre de la empresa pública y acciones legales para defender los puestos de trabajo de los más de 700 empleados. El sindicato, mayoritario en el comité de empresa de la antigua Imelsa, ha indicado en un comunicado que "la incompetencia, negligencia y presuntas actuaciones delictivas" por parte de algunos dirigentes políticos no pueden perjudicar la estabilidad laboral de las familias que dependen de la empresa pública. Para CSIF, los empleados no son los culpables de la situación de la compañía pública, y propone que si los partidos que gobiernan en la Diputación no disponen de personas "capaces, que sepan, quieran y puedan gestionar con honestidad y eficacia la empresa", que convoquen un concurso público y transparente para cubrir los puestos directivos.