Vuelven al ataque los ‘defecadores’ de piscinas

Los actos vandálicos vuelven a las piscinas municipales con el inicio del verano y reabren un problema que cada año cuesta miles de euros

La identificación de cuatro menores por provocar daños en la piscina de Picassent devuelve a la actualidad una práctica que se repite cada verano y que obliga a numerosos ayuntamientos a asumir elevados gastos mientras los vecinos se quedan sin poder disfrutar de unas instalaciones públicas recién abiertas.

La apertura de las primeras piscinas municipales de la temporada estival ha vuelto a traer consigo un problema que numerosos ayuntamientos conocen bien. Los actos vandálicos y comportamientos incívicos en estos recintos públicos reaparecen cada verano, generando importantes costes económicos para las administraciones locales y privando a los vecinos del uso de unas instalaciones especialmente demandadas durante los meses de calor.

El último caso, tal como informa elDiario.es, se ha producido en Picassent, donde la Policía Local ha identificado y denunciado a cuatro menores por acceder presuntamente durante la noche al recinto de la piscina municipal y causar diversos daños que obligaron a cerrar parte de las instalaciones durante varios días.

Según ha informado el Ayuntamiento, los jóvenes habrían arrojado mobiliario al vaso principal y utilizado la piscina infantil para hacer sus necesidades, una situación que obligó a activar un exhaustivo protocolo sanitario antes de permitir nuevamente el acceso de los usuarios.

La actuación fue detectada gracias al sistema de vigilancia del recinto, equipado con cámaras, sensores y alarmas que alertaron a la Policía Local de la presencia de personas en el interior fuera del horario autorizado. Los agentes localizaron posteriormente a los presuntos responsables y procedieron a su identificación, informando también a sus familias al tratarse de menores de edad.

Un problema que se repite cada verano

Más allá de lo ocurrido en Picassent, los ayuntamientos recuerdan que este tipo de comportamientos se convierten cada año en una auténtica lacra para las instalaciones públicas de verano. En numerosas ocasiones, gamberradas aparentemente menores terminan obligando a vaciar piscinas, realizar tratamientos de desinfección, reparar desperfectos o reforzar la vigilancia, con un importante desembolso económico para las arcas municipales.

Además del coste económico, el principal perjuicio recae sobre los propios vecinos, que ven cómo las piscinas permanecen cerradas durante varios días precisamente en las jornadas de mayor afluencia y en plena temporada estival.

En el caso de Picassent, el Ayuntamiento ya ha reclamado a los responsables el coste de las labores necesarias para recuperar la normalidad en la piscina infantil. Los trabajos incluyeron el vaciado completo del vaso, limpieza y desinfección integral, nuevas analíticas sanitarias y el posterior llenado de la instalación.

El coste inicial de estas actuaciones supera los 4.000 euros, aunque la cuantía final podría ser mucho mayor. El consistorio ha iniciado el correspondiente procedimiento sancionador y recuerda que la normativa vigente permite imponer multas de hasta cuatro veces el valor de los daños ocasionados, por lo que la sanción total podría acercarse a los 20.000 euros.

Llamamiento a la responsabilidad

Desde el Ayuntamiento han lamentado unos hechos que afectan directamente al conjunto de la ciudadanía y han recordado que las instalaciones deportivas municipales cuentan con sistemas de vigilancia reforzados durante los meses de verano.

Los responsables municipales insisten en que estos comportamientos generan un doble perjuicio: por un lado obligan a destinar recursos públicos a reparar daños evitables y, por otro, privan temporalmente a cientos de usuarios del disfrute de unas instalaciones financiadas con fondos públicos y destinadas al ocio y bienestar de toda la población.

Con el inicio de la temporada de baño en numerosos municipios valencianos y castellano-manchegos, las administraciones locales vuelven a apelar a la responsabilidad ciudadana para evitar que se repitan unos episodios que, año tras año, suponen un importante quebranto económico y un serio inconveniente para los vecinos que utilizan las piscinas municipales durante el verano.