Un hombre acaba con cáncer de próstata y castración química tras esperar un año y medio una consulta con el urólogo

El Consell Jurídic Consultiu considera “injustificable” la demora de 514 días y fija una compensación de 3.000 euros por daños morales

Un vecino de Valencia ha denunciado una larga cadena de retrasos en la sanidad pública tras tener que esperar casi un año y medio para ser atendido por un urólogo, pese a sufrir dolores constantes en la zona de la próstata. Cuando finalmente fue explorado, el diagnóstico reveló un cáncer de próstata avanzado, que requirió radioterapia y castración química.

El caso, recogido por el diario Las Provincias, ha sido analizado por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que ha calificado la situación como una “demora injustificable” e insta a la Conselleria de Sanidad a indemnizar al paciente con 3.000 euros.

Más de 500 días de espera

El afectado acudió por primera vez a su centro de salud en enero de 2022, siendo derivado al especialista. Sin embargo, no fue atendido hasta mayo de 2023, acumulando 514 días de espera. Durante ese tiempo, el paciente reclamó en varias ocasiones sin obtener respuesta.

Ante el empeoramiento de los síntomas, decidió acudir personalmente al hospital, donde finalmente logró una cita. Tras esa primera consulta, se programaron pruebas y una biopsia para julio, que no llegó a realizarse hasta el 25 de octubre de 2023, tras presentar una queja formal.

Diagnóstico grave y tratamiento oncológico

La biopsia confirmó un adenocarcinoma de próstata de gravedad 3 sobre 4 y nivel de agresividad 8, considerado de alto riesgo. El paciente fue derivado al Instituto Valenciano de Oncología (IVO), donde recibió tratamiento mediante radioterapia y castración química, finalizado en enero de 2024.

Según los informes médicos, la demora se debió a una falta de recursos de personal, aunque tanto la Inspección de Servicios Sanitarios como informes externos concluyen que el retraso no afectó al pronóstico clínico del paciente.

Daños morales reconocidos

El paciente, que solicitaba una indemnización de más de 36.000 euros, asegura que la espera le provocó ansiedad, depresión, insomnio y un agravamiento emocional de su situación.

El Consell Jurídic Consultiu, aunque descarta responsabilidad por daños físicos o pérdida de oportunidad médica, sí reconoce que la demora generó “daños morales como angustia, zozobra e insomnio”, fijando una compensación de 3.000 euros.

El dictamen subraya que, aunque el resultado médico no se vio alterado, la Administración incurrió en una falta de diligencia en los tiempos de atención, lo que justifica la indemnización por el impacto psicológico sufrido por el paciente.