Greenpeace exige que las empresas de combustibles fósiles paguen los daños causados por la DANA

La organización reclama el fin de las subvenciones a la industria contaminante y una transición urgente hacia energías limpias antes de 2040

Greenpeace ha exigido que las empresas de combustibles fósiles, a quienes considera principales culpables del cambio climático, asuman su responsabilidad y paguen los costes de fenómenos meteorológicos extremos como la riada que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia. Según la organización, estos desastres naturales se están agravando debido al uso continuado de combustibles fósiles.

Además de reclamar una reconstrucción justa y medidas de adaptación frente a futuros eventos climáticos, Greenpeace advierte de que son necesarias acciones urgentes para frenar el avance del cambio climático, entre ellas el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el fin de las subvenciones a la industria contaminante y la reducción de las emisiones netas a cero en Europa antes de 2040.

Llamamiento a la acción y nuevas medidas fiscales

El responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, Pedro Zorrilla, ha afirmado que desastres como la riada de Valencia "recuerdan la urgencia de adoptar más medidas climáticas de mitigación y adaptación, y de hacerlo desde una perspectiva de justicia social", para garantizar que toda la población se beneficie.

Zorrilla ha señalado que esto solo será posible "con más financiación y asegurando el fin de los combustibles fósiles antes de 2040". En este sentido, ha pedido que los gobiernos aprueben nuevos impuestos y tasas a los combustibles fósiles, a la industria contaminante y a los multimillonarios, lo que permitiría, según sus cálculos, recaudar hasta 10 billones de euros anuales.

Subvenciones que perpetúan el problema

Asimismo, Greenpeace ha criticado que miles de millones de euros siguen destinándose a actividades dañinas para el planeta. Citan un informe reciente que revela que en 2023, al menos 23.300 millones de euros en España se dirigieron a subvenciones relacionadas con sectores contaminantes, de los cuales más de 9.000 millones fueron a parar directamente a la industria fósil.

Para Greenpeace, esta situación demuestra que la lucha contra el cambio climático necesita no solo voluntad política, sino también una profunda reorientación de los recursos económicos hacia una transición ecológica real y equitativa.