La Diputación creará una comisión no permanente para la recuperación de las comarcas afectadas por la dana
La Diputació de València ha aprobado este lunes, por
unanimidad, la creación de una comisión no permanente de estudio para la
recuperación de las comarcas afectadas por la dana. El objetivo de la comisión,
que en principio se pondrá en marcha durante un período de seis meses
prorrogable a otros seis, es el análisis de la participación directa e indirecta
que la institución está teniendo en la respuesta inmediata a los afectados y el
proceso de reconstrucción, incluyendo nuevas propuestas para seguir prestando
la ayuda necesaria a los damnificados.
El máximo responsable provincial, Vicent Mompó, presidirá
el órgano, que estará compuesto por el secretario de la corporación y los
portavoces de todos los grupos con representación en la misma. Las sesiones
podrían celebrarse semanalmente y contar con la participación de expertos,
técnicos encargados de trabajos vinculados a la recuperación, otros miembros de
la institución con materias delegadas y representantes de la ciudadanía a
petición de los integrantes de la comisión. Todas estas personas tendrían voz
pero no voto.
La iniciativa, que parte de una moción presentada
por el grupo Compromís y enmendada por el Partido Popular, ha contado con el
respaldo del equipo de gobierno provincial que forman el PP y Ens Uneix, que ha
habilitado una respuesta inmediata de 150 millones de euros para atender las primeras
necesidades y participar activamente en la reconstrucción. “Los alcaldes y
alcaldesas saben que la Diputación no les va a dejar solos y que vamos a estar
muy próximos a ellos para conocer las necesidades que van surgiendo en cada
momento y ayudarles, con nuestros propios recursos o colaborando con otras
instituciones para dar respuesta a problemas como el de la extracción del lodo
de los garajes, que estamos a punto de culminar”, señala el presidente Mompó.
Sin confrontación política
Por su parte, la diputada Imma González ha
considerado que la comisión “debe estar centrada en el estudio sobre la gestión
que está haciendo la Diputación de la catástrofe en el ámbito de sus
competencias, dejando a un lado la confrontación política y con la finalidad de
encontrar nuevas fórmulas para ayudar a los afectados”. En la misma línea se ha
expresado la portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, partidaria de “ofrecer
públicamente toda la información de lo que estamos haciendo y lo que vamos a
hacer para seguir ayudando a nuestros pueblos”.
También han aprobado la comisión, con matices, los
portavoces de Compromís y el PSPV. Dolors Gimeno cree que el nuevo órgano es
“esencial para hablar de futuro y recoger todas las propuestas técnicas”, pero
lamenta que “se excluyan todos los detalles de lo que pasó el 29 de octubre y
la información previa que tenían los responsables de esta institución”. Carlos
Fernández Bielsa, por su parte, insiste en “la repulsa social que existe hacia
el presidente de la Generalitat Carlos Mazón” y reconoce el trabajo de la
delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en la gestión de la tragedia. A ambos ha
afeado el portavoz de Vox, Sergio Pastor, “buscar el cálculo político en una
institución que está actuando de forma ejemplar y que nos mantiene informados
en todo momento”.
El presidente, Vicent Mompó, ha zanjado el debate
lamentando una vez más las consecuencias de la dana y defendiendo el trabajo
que está realizando la corporación: “Ojalá nunca hubiera sucedido algo así,
pero más allá de las críticas personales, que aquí estamos y vamos a seguir
estando para dar la cara, estoy orgulloso de la implicación de todo el personal
de esta institución y del apoyo a todos los afectados. Pocas veces se ha
hablado tanto y tan bien de la Diputación, a la que debemos respetar por encima
de las cuestiones políticas y personales”.
Dos millones más para el fondo incondicionado
El pleno de enero de la Diputación ha vuelto a estar
protagonizado principalmente por la gestión tras la dana y la adaptación de las
cuentas provinciales a las necesidades de los municipios damnificados, sin
olvidar los proyectos de presente y futuro del resto. En este sentido, la
cámara provincial ha votado de forma unánime el incremento de 1.950.000 euros
para el fondo incondicionado destinado a los ayuntamientos incluidos en el
listado oficial de afectados.
Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos,
Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar,
Villar del Arzobispo y Xeraco recibirán 150.000 euros cada uno, como el resto
de consistorios incluidos en el decreto de la Generalitat. En su intervención,
la diputada de Hacienda, Laura Sáez, ha agradecido el respaldo de todos los
grupos y ha instado al portavoz socialista, Fernández Bielsa, a que reclame al
Gobierno central incluir estos municipios en las ayudas estatales, tal y como
aprobó en sesión plenaria la propia Diputación.
Flexibilidad del Pla Obert
Estos 13 ayuntamientos se suman a un listado
autonómico que alcanza el centenar de consistorios y podrán acogerse a la
reformulación del Pla Obert, el principal programa inversor de la Diputación
con 350 millones de euros para municipios y mancomunidades. Entre otras medidas
para facilitar la recuperación a estos pueblos, se contempla la supresión de los
límites obligatorios de inversión del 10% en el ciclo del agua y otro tanto en
zonas verdes e instalaciones deportivas; así como la eliminación del requisito
de presentación previa de los proyectos a ejecutar.
Tal y como explicó en su momento la vicepresidenta
primera, Natàlia Enguix, responsable de Cooperación y coordinadora del Pla
Obert, “los alcaldes y alcaldesas podrán decidir el destino del importe total
de las ayudas en función de las necesidades de sus municipios, sin ningún tipo
de condicionante o incentivos que establecimos en su momento para garantizar la
ejecución de proyectos que consideramos relevantes y ajustados a los criterios
de desarrollo sostenible”. Además, “buscamos agilizar la puesta en marcha y
ejecución de esas obras que decidan acometer, reduciendo al mínimo posible la
burocracia, como hicimos suspendiendo los plazos de los expedientes presentados
por los municipios que han registrado daños”.
Revisión de los protocolos de acoso sexual
Otras mociones han salido adelante en el pleno
provincial del mes de enero, caso de la propuesta de la portavoz de Ens Uneix,
Natàlia Enguix, para revisar los protocolos locales de acoso sexual tras el
caso denunciado por la concejala de Alzira Mar Chordá. La moción insta al
ayuntamiento de la Ribera Alta a iniciar el procedimiento que recoge el
protocolo local y provincial para hacer frente a casos de denuncia de un presunto
acoso por razón de sexo.
La vicepresidenta Enguix ha destacado la gravedad de
una denuncia por presunto acoso laboral y sexual que se conoció a finales de
2024. En ella se recogen “episodios de violencia verbal, vejaciones,
coacciones, gestos obscenos y toda una serie de conductas denigrantes solo por
el hecho de ser mujer”. La denunciante atribuye estas conductas humillantes a
su compañero Enrique Montalvá, también concejal en el consistorio. Ante la
falta de respuesta por parte del ayuntamiento, la responsable provincial
solicita al equipo de gobierno de Alzira la adopción de cuantas medidas
resulten oportunas para crear un entorno laboral seguro y respetuoso que
permita a la concejala continuar ejerciendo con normalidad sus funciones.
La moción insta a los ayuntamientos de toda la
provincia a que revisen los Protocolos de acoso sexual, acoso por razón de sexo
y acoso discriminatorio en cuanto a la literalidad de su ámbito de aplicación,
incluyendo a la totalidad del personal empleado público con vinculación
funcionarial, personal eventual, personal laboral, cargos electos, personal en prácticas
o becario, con independencia de su jerarquía institucional.
La propuesta se ha aprobado con los votos a favor
del equipo de gobierno y la abstención del resto de grupos. La vicepresidenta
Enguix ha lamentado “las excusas de los partidos progresistas para no votar a
favor”. “Es vergonzoso que no nos pongamos todos del lado de una mujer que ha
denunciado, creyéndola, hasta que la justicia se pronuncie. No somos jueces
sino políticos, y lo que se espera de nosotros es una condena firme de estos hechos,
no un silencio cómplice”, ha añadido Enguix.
Consulta sobre la lengua vehicular
También se ha aprobado en el pleno de enero una
propuesta del grupo Ens Uneix para suspender la consulta de la lengua vehicular
a las familias de los centros educativos valencianos. En este caso, el grupo
socialista y Compromís han votado junto a Natàlia Enguix para instar a la
Generalitat a suspender la consulta tanto en los centros públicos como
privados, y devolver a los consejos escolares las prerrogativas para consensuar
el proyecto lingüístico de cada centro. En opinión de Enguix, “esta política de
votación simplista supone un ataque al valenciano y contra nuestra riqueza
lingüística, ya que la lengua es una de nuestras señas de identidad y, estando
en minoría respecto al castellano, debe ser defendida desde las
administraciones públicas, en lugar de fomentar confrontaciones estériles entre
familias y territorios”.
Central nuclear Cofrentes
En último lugar, ha salido adelante la moción
presentada por el grupo Vox en la que se manifiesta la oposición de la
Diputación al cierre de la central nuclear de Cofrentes previsto para 2030, y
se insta al Gobierno de España a “prorrogar y garantizar la vida útil de la
central y elaborar y poner en marcha en Plan Nacional de Soberanía Energética”.
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