El precio de venta y de alquiler sube un 10% en el primer trimestre de 2024 en Valencia y su área metropolitana
Como se
detalla en el informe del primer trimestre de 2024 sobre el sector inmobiliario
elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, la situación en
Valencia y su área metropolitana se degrada de manera acelerada, con unos
incrementos en el entorno del 10% en los precios de venta de vivienda nueva y
en las mensualidades del alquiler. Además, la oferta está menguando de manera
alarmante. El informe considera que la actual evolución lleva camino de ser
literalmente insostenible.
El informe también califica el panorama de la
vivienda como muy preocupante, sobre todo a corto plazo. Destaca que finalmente
la Generalitat Valenciana ha puesto el foco en la necesidad de la construcción
de vivienda protegida, y lo hace sobre suelo público, algo que se va reclamando
desde hace años y en un informe específico se muestra su eficacia para la
contención de los precios.
Ahora llega el momento de desarrollar la normativa y
los reglamentos que permitan la convocatoria de los concursos y su adjudicación
al sector privado, que será el colaborador necesario para resolver esta
dramática falta de oferta de vivienda, y hacerlo de manera urgentísima.
Este informe del Cátedra Observatorio de la Vivienda
de la UPV se refiere también a las opiniones que persisten en lo que califica
de error: negar la falta de vivienda disponible y argumentar la existencia de
las viviendas vacías. En este sentido clarifica el desenfoque en este punto,
argumentando que se usa la definición de “vivienda vacía” haciendo referencia
en el imaginario colectivo a una casa preparada para entrar a vivir. Nada más
lejano a la realidad. Lo cierto es que estas viviendas, en su inmensa mayoría
sin contrato eléctrico, están en estado casi ruinoso, con una imprescindible y
costosa intervención para poder ponerla en el mercado.
El otro gran problema se sitúa en la demanda y en el
poder adquisitivo de quienes desean acceder a una vivienda. Los salarios de los
jóvenes y de los colectivos más vulnerables, incluidos aquellos migrantes que
vienen a buscar una vida mejor, hacen inviable la compra de un inmueble,
quedando únicamente para ellos la opción del alquiler. Pero con una cuota media
superior a los 1.600 €/mes, para quienes más precariedad laboral padecen
tampoco es posible esta solución, quedando únicamente la opción de alquiler de
habitaciones, que ya alcanza precios disparatados.
Como ya anticipamos desde la Cátedra Observatorio de
la Vivienda UPV, la entrada en vigor de la nueva ley estatal de la vivienda ha
sido desastrosa para el mercado del alquiler, pues ha expulsado viviendas del
mercado tradicional debido a la imposibilidad de que los propietarios vinculen
la cuota a la inflación y la protección frente a la “okupación”. La realidad
que presenta el informe es contundente: aproximadamente 1.300 viviendas en
alquiler tradicional por más de 2.100 viviendas en alquiler de corta duración
(menos de 11 meses) en la ciudad de Valencia. Es decir, casi el doble de
viviendas respecto al alquiler tradicional se alquila por períodos menores al
año para evitar esa ley, y ello seguirá condicionando el precio, tensionándolo
al alza.
Y, ¿qué ocurre si ni siquiera se puede alquilar una
habitación? Desgraciadamente ya lo estamos viendo, con cada vez más gente
durmiendo en nuestras calles o improvisados poblados sin condiciones de
salubridad ni seguridad. Son los denominados asentamientos informales
-chabolismo-, de los que los informes de la Cátedra van advirtiendo hace dos
años.
En opinión del Cátedra Observatorio de la Vivienda,
es necesario activar ayudas directas a estos colectivos para el acceso a la
vivienda, y no solo para el alquiler, sino también para la compra. Insistimos
en que en los años 90 del siglo pasado funcionó, y esas ayudas a fondo perdido
permitieron a toda una generación tener una vivienda digna en propiedad.
Pero a corto plazo no es suficiente, es necesario
activar más viviendas en alquiler y hacerlo ya. ¿Cómo? Pues dando seguridad
jurídica a sus propietarios. Una solución que se plantea desde la Cátedra es
que la Administración sea garante de los alquileres de vivienda pública, así
como de aquellos que se quieran sumar con sus viviendas a esta iniciativa. Es
decir, que la Administración responda en caso de impago ante el propietario si
un inquilino deja de pagar y la ley actual impide su desahucio.
No se cuestiona que haya que proteger a una familia
vulnerable, sino que el coste recaiga en el propietario de una vivienda. Con
esa garantía, se revertiría la situación, quedando únicamente la revisión por
inflación que, afortunadamente, parece que será estable en los próximos años.
Además, esas viviendas vacías que requieren una
importante obra para poner al día podrían salir al mercado a medio plazo al
entender sus propietarios que tienen garantizada esa inversión necesaria con el
aseguramiento del cobro del alquiler. Para las obras necesarias, se deben
movilizar fondos europeos, que están específicamente para esto, pues mejoran el
parque actual de viviendas de una ciudad.
El presente informe concluye reiterando que hacen
falta nuevas viviendas, muchas, y a un precio accesible. La cuestión será cómo
convencer al sector privado para construir viviendas protegidas en venta o para
alquiler, con precios máximos fijados, si los costes de construcción se hallan
en máximos históricos. Si los estándares que se van a requerir a las viviendas
dignas que se necesitan para esta emergencia habitacional deben cumplir todas
las especificaciones implementadas por las normativas actuales anticipamos que
será imposible su construcción en gran número en nuestras ciudades.
Esto requiere un ajuste normativo específico, que
emule otros momentos históricos, como el de la Alemania de entreguerras, donde
el Estado se comprometió a garantizar viviendas adecuadas para las clases
trabajadoras, lo que impulsó la creación de un plan de vivienda pública, desde
la Bauhaus, donde se abordó la grave escasez de viviendas con soluciones
innovadoras y que cumplieran ese fin último de dar alojamiento en condiciones
dignas desde postulados de realidad y viabilidad presupuestaria.
La elección será, por tanto, viviendas dignas, pero
no con el nivel de equipamientos y exigencias de un edificio de renta libre, o
la alternativa, es decir, que no se construyan viviendas y sigamos abocando a
infraviviendas (chabolismo) a los más vulnerables.
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