El IVACE abre el plazo de ayudas para las comunidades de energías renovables
La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, a través de Ivace Energía, ha iniciado una
nueva edición de la línea de ayudas para impulsar las instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica en comunidades de energías renovables, con un
presupuesto de 5 millones de euros.
Se trata de una línea dirigida a cualquier comunidad
de energías renovables o comunidad energética, ayuntamientos, así como las
comunidades de propietarios y de regantes, a través de la cual se subvencionará
hasta en un 45% el coste de los proyectos de las instalaciones de autoconsumo de
energía eléctrica a partir de energías renovables o energías residuales, en
régimen de comunidades de energías renovables.
La cuantía máxima subvencionable por proyecto será
de 200.000 euros y el plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el 8
de junio y finalizará el 25 de julio de 2023.
Tal y como ha
explicado la directora del Ivace, Júlia Company, a través de este tipo de
comunidades, “la ciudadanía se puede organizar para producir, autoconsumir,
gestionar y almacenar su propia energía, generando beneficios no solamente
energéticos, sino también medioambientales, económicos y sociales a sus
miembros o a las localidades donde se lleve a cabo su actividad”.
Beneficiarios
de las ayudas
Ivace Energía subvencionará hasta un 45% del coste
de las instalaciones de energía solar fotovoltaica, para la generación y
autoconsumo colectivo. No obstante, la intensidad de la ayuda podrá
incrementarse en hasta 10 puntos porcentuales para medianas empresas, y en hasta 20 puntos
porcentuales para las pequeñas empresas,
ayuntamientos, entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro.
Podrán acogerse a estas ayudas cualquier comunidad
de energías renovables o comunidad energética, los ayuntamientos, cooperativas
eléctricas, cooperativas agrarias y de regantes, así como las comunidades de
propietarios.
Se considera comunidad energética renovable, la
entidad jurídica que se base en una participación abierta y voluntaria,
autónoma y efectivamente controlada por sus miembros, situados en las
proximidades de los proyectos propiedad de la agrupación, que sean personas
físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y que
desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad
sostenible.
La finalidad de la actividad de la agrupación ha de
ser proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus
miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras.
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