Ley de Barrios de la Comunitat Valenciana: “La pandemia ha puesto en evidencia la ineficacia de las ciudades para hacer frente a los problemas actuales”
El
Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Barrios de la Comunitat Valenciana.
El
propósito de la presente ley es regular y establecer el marco común de
actuación integral en los barrios de la Comunitat Valenciana que lo necesitan y
así garantizar la sostenibilidad, el enfoque comunitario y el desarrollo humano
y local.
Concretamente,
la nueva normativa valenciana recoge tres objetivos principales. El primero de
ellos es emprender actuaciones de atención y mejora de las condiciones de vida
de la población que reside en los barrios, con especial atención a los
colectivos más vulnerables como hogares monoparentales, personas mayores,
jóvenes desempleados, población migrante, etc.
Otro
de los propósitos es hacer frente a los déficits en materia urbanística, en la
prestación de los servicios, en la calidad de la vivienda y la carencia de
equipaciones, que afectan con mayor intensidad a algunos barrios de las
ciudades, con los consiguientes efectos sobre las dinámicas de segregación residencial
y desigualdad social.
La
tercera de las metas es fortalecer la vida asociativa y las iniciativas cívicas
en los barrios, con el fin de apoderar a la población y fomentar su implicación
en los proyectos de mejora de las dotaciones y de las condiciones de vida de la
ciudadanía.
Anteriormente
a la aprobación de esta ley, la Comunitat Valenciana carecía de un régimen
jurídico adecuado para gestionar procesos de rehabilitación, regeneración y
revitalización urbana que vayan más allá de los aspectos meramente urbanísticos
y recoja una visión integral de todos los ámbitos de la vida.
Por
ello, este proyecto de Ley de Barrios servirá para establecer un marco
regulador común que garantice el derecho de todas las personas a disfrutar de
un entorno seguro, sostenible, inclusivo y accesible universalmente que
favorezca el progreso personal, la cohesión social y de género y la identidad
cultura.
Rehabilitación, regeneración y
revitalización urbanas
El
Consell, consciente del fenómeno de la privación urbana, y siendo esta una
cuestión compartida con el conjunto de políticas públicas, considera que la
rehabilitación, regeneración y revitalización urbanas tienen que ser objetivos
prioritarios de la estrategia urbana para los municipios valencianos en el
siglo XXI.
En
concreto, se da especial atención en los casos donde concurren procesos de
abandono, obsolescencia o degradación del patrimonio edificado y del tejido
urbano, o con amplios sectores de la población en riesgo de exclusión por razón
de desocupación, insuficiencia de ingresos, género, etnicidad, edad,
discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social.
Cabe
recordar que en la Comunitat Valenciana existen zonas suburbanas que viven
profundas contradicciones sociales a causa del modelo dominante de desarrollo
urbano y de una inadecuada planificación en sus asentamientos. Por eso, sufren
las consecuencias del hacinamiento, los síntomas de la desagregación, la
marginación y las disfunciones del desarrollo.
En
el mismo sentido, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto en
evidencia la ineficacia de las ciudades para hacer frente a los problemas
existen en la actualidad.
Asimismo,
otra característica que se da en la Comunitat Valenciana es la formación de una
compleja red de ciudades medianas, organizadas alrededor de centros históricos
valiosos, depositarios de la identidad colectiva. A partir de 1950 se
construyeron a sus alrededores unas periferias residenciales, densas y de baja
calidad constructiva.
Después
de una época de promoción directa de grandes conjuntos de vivienda pública
llegó el auge de la vivienda con protección oficial y de los proyectos de
urbanización del Estado.
Todo
esto convivió con la aparición de barriadas periféricas a partir de
parcelaciones, a menudo auto-construidas por sus habitantes, zonas que desde
1979 han recibido una singular atención y que, en general, han sido
profundamente renovadas.
Por
eso, la intervención pública no se puede limitar a la mera actuación
rehabilitadora o urbanizadora y se necesita una actuación de forma global, a
través de la integración de las estrategias sociales, económicas y
medioambientales y de la implementación de una auténtica gobernanza en favor de
la población residente.
Con
respecto a la financiación, las actuaciones previstas en la ley se
subvencionarán de acuerdo con lo referido en la memoria económica y la ficha de
impacto presupuestario. El importe total previsto para los ejercicios 2023 y
2024 será de 300.000 euros para cada uno de ellos.
La
norma tendrá vigencia indefinida hasta su derogación por otra norma posterior
sobre la materia.
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