Desalojada por orden judicial una residencia de mayores dependientes de l'Eliana con 14 usuarios
Una
residencia privada de mayores dependientes de l'Eliana (Valencia) ha sido
desalojada este martes en cumplimiento de una orden de un Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Llíria, tras un procedimiento judicial iniciado a raíz de
un impago de alquileres que se remonta a enero de 2021 y con sentencia firme
desde febrero de este año --un proceso en el que hay tres empresas implicadas
sin que se alcanzara un acuerdo entre ellas-- y que ha llevado finalmente a
distribuir a los 14 residentes que aún tenía el centro.
El
desalojo, para el que se han ido fijando sucesivas fechas, se ha llevado a cabo
este martes entre un gran despliegue de la Guardia Civil, que ha acotado los
accesos a la instalación, entre momentos de tensión y enfado de familiares que
estaban en el exterior del centro, trabajadores y gerencia.
De los 14
residentes del centro, cinco se han quedado con sus familiares y otros nueve
han sido trasladados a la residencia pública de Carlet, que ha sido el recurso
facilitado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para atender a
la situación de emergencia generada, según han confirmado a Europa Press
fuentes de este departamento.
Un total de
seis personas de la Conselleria han colaborado 'in situ' para garantizar el
bienestar y la asistencia necesaria a los residentes en el centro, en el que no
había ninguna plaza concertada sino que eran todas privadas. Este personal ha
garantizado la aplicación de los protocolos de cierre de centros residenciales,
que en este caso ha contemplado varias vías de actuación.
La primera
de ellas, que la familia ha buscado plaza en otro centro privado; la segunda,
que haya pedido el cambio de preferencias de dependencia a Servicio de Atención
Residencial en Servicios Sociales de l'Eliana y, una vez hecho ese cambio, se
han visto las posibilidades de asignación por la Conselleria y, la última, una
vez llegada la fecha del lanzamiento, si hay personas que necesitan una
respuesta "inmediata", asignarles plaza en Carlet, en las disponibles
para situaciones "de emergencia". Una vez en el centro público, se irán
asignando en centros lo más próximos posibles a los familiares.
TRES
RESIDENTES CON COVID
Llegado
este día, en el centro, que en el momento en el que se inició el proceso tenía
49 residentes, quedaban 14, de los que cinco se han ido con sus familias. El
resto, nueve, han sido trasladados a Carlet, tres en ambulancias al sufrir
covid.
Según la
información publicada por Las Provincias, el actual gerente de la residencia se
ha llegado a subir al techo del edificio para intentar detener el desahucio y
ha sido conducido al cuartel de la Guardia Civil donde ha quedado en libertad
aunque se le atribuye un delito de desobediencia grave. Según unas
declaraciones del gerente recogidas por À Punt, sostiene que están "de
forma legítima en el centro" y no hay "derecho" al desalojo.
Fuentes de la Guardia Civil únicamente han confirmado que se ha realizado un
auxilio judicial para llevar a cabo la ejecución de la resolución.
Según han
informado a Europa Press fuentes judiciales, el procedimiento se remonta a
enero de 2021 cuando la propietaria del inmueble presentó demanda de juicio
verbal en ejercicio de acción de desahucio por impago de casi 85.000 euros a la
mercantil Cuidamont 1995. Este proceso acabó con una sentencia en diciembre del
año pasado, que declaró la resolución del contrato y condenó a Cuidamont 1995
SL a desalojar el inmueble y a abonar a la demandante 225.472 euros por el
alquiler. El fallo devino firme en febrero de este año al no haberse recurrido
en plazo.
Los
demandantes pidieron la ejecución del lanzamiento el 9 de febrero, una acción
que se ha ido posponiendo por posibles errores en el domicilio (da a dos
calles). En este tiempo, el juzgado ha pedido tanto a Servicios Sociales del
Ayuntamiento de l'Eliana como a la Conselleria que adopten las medidas
necesarias respecto a los internos y se sucedido una serie de comunicaciones
para asegurar el destino de los residentes, incluida Fiscalía, hasta llegar a
este momento. También se ha requerido a la empresa a no dar más altas en el
centro.
En abril de
este año la empresa Cuidamont comunicó al juzgado que la gestión de la
actividad la realizaba en la actualidad otra empresa, Evora, a la que señaló
que le había sido transmitida la unidad productiva desde junio de 2021, y que
solicitó a la Conselleria cambio de titularidad del registro.
Se da la
circunstancia de que el apoderado de Cuidamont 1995 figura igualmente como
gerente y representante de Evora.
Sin
embargo, la empresa demandante informó al juzgado en junio que no había
suscrito contrato de arrendamiento, ni ningún otro, con Evora en relación al
inmueble.
Además,
ajuntó un escrito de la Dirección General de Infraestructuras de Servicios
Sociales de la Generalitat, con fecha 10 de marzo, donde se certifica que la
residencia figura como titularidad de Cuidamont y que Evora no aparece como
titular de ningún centro ni está inscrita en el Registro.
En junio
esta última empresa, Evora alegó que no podía verse perjudicada del desahucio a
Cuidamont, ni las instalaciones y pidió la suspensión del lanzamiento.
La
Conselleria de Igualdad ha resuelto no acreditar el cambio de titularidad
solicitado en la residencia Cuidamont por Evora Gestión Residencial SL --que se
había solicitado el 28 de octubre de 2021 tras un contrato de compraventa de 12
de febrero de ese mismo año por el que se cedió el negocio, y para el que
aportó la documentación el 11 de abril de 2022-- porque no dispone de local
donde realizar la transmisión del negocio, al haberse resuelto el contrato por
sentencia firme, según había comunicado
la propietaria del inmueble el 24 de febrero de este año.
Aunque la
firma fue en febrero, señala la resolución de la administración, los efectos
jurídicos se postergan hasta mayo de este año cuando no podía cederse el
contrato de arrendamiento del inmueble, ya resuelto por sentencia.
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