El Gobierno aprueba la ampliación a todo el año la prevención y la extinción de incendios
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto
con medidas urgentes que buscan "actualizar" la legislación básica en
materia de incendios forestales y mejorar la capacidad de respuesta, tanto de
prevención como de extinción durante "todo el año, de modo que los
territorios deberán contar con una planificación anual que contemple, no solo
las épocas de alto riesgo sino de bajo y medio.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha anunciado
que el Gobierno actualizará las obligaciones y la legislación básica en materia
de incendios que recoge la Ley de Montes porque la emergencia climática pone de
manifiesto hasta qué punto incendios más virulentos, con olas de calor más
intensas y cada vez más frecuentes obligan a ponerse "al día".
"Ya no podemos pensar que la temporada de
riesgo extremo de incendios solo ocupa dos o tres meses en nuestro
calendario", ha advertido Ribera, que apuntado que según la información de
la Comisión Europea es "más que probable" que los días de riesgo
extremo de incendios se incrementen en 40 días más al año.
Así, ha justificado que los datos avalan que cada
vez más esa superficie forestal quemada aparece en pocos incendios pero
"enormemente virulentos" por lo que ve "capital" actualizar
y activar el contenido básico de las herramientas más importantes para que
"durante todo el año y todos estén preparados" e invirtiendo y activando
medidas que permitan prevenir y reducir el impacto de los incendios.
Ribera ha destacado que "una mala
preparación" pone en riesgo a la población, a los trabajadores; incrementa
la pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, así como las
pérdidas económicas y la actividad industrial y empresarial en el entorno y
dificulta la capacidad de recuperación.
En ese contexto, ha precisado que de acuerdo con los
últimos datos aportados por las comunidades autónomas, en lo que va de año
España ha registrado más de 6.400 incendios con 135.000 hectáreas y de estos,
en el 80 por ciento ha habido una "participación muy activa" de los
medios de refuerzo del Estado y ha recordado que la competencia en esta materia
es autonómica.
Por ello, ha subrayado la importancia de actualizar
y prepararse para los grandes incendios. "No nos podemos permitir esta
deriva y, por eso, es hora de actualizar la ley de Montes y asegurar que en
toda España estemos preparados todo el año para reducir al máximo el riesgo de
incendios", ha apostillado.
TODOS LOS
TERRITORIOS, CON DISPOSITIVO TODO EL AÑO
Ribera quiere, por tanto, que todos los territorios
cuenten con planes de incendio para "todos los meses" del año porque
ya no basta "solamente" estar preparados para la época de alto riesgo
en el conjunto del territorio y no solo en aquellas zonas consideradas
particularmente "vulnerables y sensibles".
En este contexto, ha apuntado que de acuerdo con las
disposiciones aprobadas en esta materia el pasado jueves en la última
Conferencia Sectorial, se ha acordado actualizar y reforzar el contenido básico
de los planes contra incendios y el contenido las medidas operativas.
Así, ha afirmado que el Gobierno busca mejorar la
coordinación para poder reaccionar de una manera más temprana y más eficaz y
asegurar la formación básica para "todos" los operativos con
funciones que asegure la seguridad personal de los equipos y personas que
trabajan en estas tareas.
Por parte del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico, ha dicho que están trabajando en una herramienta
de zonificación de incendios forestales que consolide la información que ya
existe y que facilite la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra
los incendios.
También trabaja en actualizar la información de la
Agencia Estatal de Meteorología que ahora se anticipa a siete días.
Así, las medidas incluyen la disposición de que cada
vez que se ponga una alerta de riesgo meteorológico muy alto o extremo por
incendios se deberán aplicar las limitaciones de las actividades de mayor
riesgo y prever las medidas que puedan limitar el riesgo de forma más alta
posible. Para ello se establecerá un "catálogo mínimo" de
prohibiciones que las comunidades autónomas deberán aplicar en esos casos en
los que la AEMET emita la alerta roja.
En definitiva, con la actualización de la normativa
busca elaborar un plan de medidas para reducir el riesgo y estar preparados y
desarrollar las tareas preventivas y la capacidad adecuada para minimizar riesgos
y costes. "Riesgos con los que estamos conviviendo en estas semanas y
meses y para los que todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos para
minimizar su impacto de la forma más razonable posible", ha concluido.
La nueva norma introduce mejoras en prevención,
extinción y en la restauración de los terrenos forestales afectados y para ello
da un plazo de cinco meses a las comunidades autónomas para que adapten sus
servicios de lucha contra el fuego.
El Real Decreto establece que los nuevos planes
deberán ser aprobados y publicados por las comunidades autónomas antes del 31
de octubre de cada año y se aplicarán de manera ininterrumpida durante los doce
meses en todos los territorios. Dichos planes, deberán establecer el contenido
mínimo de la dotación de medios materiales, equipamientos y trabajadores que
participarán en la prevención y la extinción del fuego.
Igualmente, reforzará la coordinación institucional
mediante un sistema de emergencias que asegure la interacción eficaz entre
diferentes equipos, cualquiera que sea la Administración a la que pertenezcan.
Entre otras medidas prevé establecer una calificación homogénea de las unidades
de extinción de acuerdo con sus capacidades operativas; un protocolo de
coordinación común para los medios aéreos; adoptar señales de radio unívocas o
usar simbología común para elaborar los mapas operativos.
Al mismo tiempo, el Estado se compromete a mantener
durante todo el año el dispositivo de medios aéreo, las unidades de
refuerzohelitransportadas, y los restantes medios de apoyo a disposición de las
comunidades autónomas para ejecutar dichos planes de prevención, vigilancia y
extinción de los incendios forestales.
Por último, en el ámbito del mantenimiento y la
restauración de los terrenos afectados por incendios, el Real Decreto consolida
el mecanismo de colaboración entre la administración general del Estado y las
comunidades autónomas para la restauración forestal y medioambiental, siempre
que los incendios se hayan producido en zonas donde las medidas de prevención y
extinción previstas por la Ley cumplido y cuando las superficies afectadas
tengan una extensión mínima.
En concreto, las comunidades autónomas participarán
financieramente en la restauración hasta un máximo del 50 por ciento de los
costes, excepto si se trata de terrenos cuya titularidad sea estatal.
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