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La Generalitat Valenciana derribará las casas construidas ilegalmente desde 2014

 

La Comunidad Valenciana cuenta actualmente con 307.000 viviendas irregulares. De ellas, todas las que fueron construidas en terrenos no urbanizables a partir del 20 de agosto de 2014 serán derribadas.

Es uno de los primeros objetivos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, la entidad dependiente de la Generalitat a la que se han adherido ya alrededor de 170 consistorios, con la que se pretende hacer cumplir el reglamento y evitar errores del pasado en materia urbanística con la colaboración de los municipios.

Pese a que la treintena de técnicos que la componen todavía no se han instalado en su sede de Elche, la oficina autonómica ha empezado a dar pasos y se espera que los primeros trabajos se inicien el próximo mes de enero.

De hecho, hace unos meses se nombró a su director, Manuel Civera, exalcalde de Llíria, una de las localidades afectadas por un problema que se extiende a lo largo de las tres provincias.

En su mayoría se trata de segundas residencias o casas de campo que se levantaron con el consentimiento de los Ayuntamientos, puesto que contaron después con los servicios básicos.

En un debate organizado este miércoles por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, el director general de Urbanismo, Vicente García Nebot, explicó que aquellas viviendas con una antigüedad de más de siete años se salvarán de ser demolidas si pactan una reducción de su impacto ambiental con la Administración local.

La fecha límite se establece en el 20 de agosto de 2014, cuando entró en vigor la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana. Cuándo se llevarán a cabo los derribos es todavía una incógnita. No obstante, se busca tener un efecto disuasor que acabe con la proliferación de este tipo de construcciones.

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