La Diputación lamenta la judicialización de la Variante Sur de Pedralba por la inacción de la Conselleria
La corporación provincial, a través del área de Infraestructuras, ha retomado el proceso de expropiaciones tras descartar el TSJ medidas cautelares sobre la Declaración de Impacto Ambiental, que sigue vigente
La Diputació de València lamenta la judicialización de la Variante Sur de Pedralba por la inacción de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecologica. El presidente de la institución provincial, Toni Gaspar, considera “lamentable la actitud de la Conselleria y sus responsables”, aunque no se muestra sorprendido y recuerda que la Diputación “ha demostrado sobradamente durante los últimos años que siempre ha querido ejecutar, desde la legalidad y la prudencia, esta obra tan importante para las vecinas y vecinos de Pedralba”.
La prueba más evidente de esta intencionalidad es
que la Diputación ha retomado el proceso de expropiaciones necesario para poder
iniciar la obra, como demuestra el escrito fechado el 1 de junio del presente
año en el que el jefe de servicio de Carreteras comunica a su homólogo de la
sección de Expropiaciones que “queda levantada la suspensión temporal de la
tramitación del expediente expropiatorio, debiendo continuar con el procedimiento”.
El área provincial de Carreteras realizó este
movimiento tras rechazar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat un
día antes dictar medidas cautelares sobre la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) de la Variante de Pedralba, lo que permitía al proyecto de la Diputación
seguir su curso. En paralelo, el presidente Gaspar remitió un tercer escrito a
la Conselleria, esta vez dirigido a la máxima responsable de Agricultura,
Mireia Mollà, solicitando de nuevo el informe favorable del ente autonómico para
ejecutar la obra.
Sin respuesta
Al igual que en las dos ocasiones anteriores en que
la Diputación solicitó a la Conselleria luz verde para acometer la obra y
desviar los 3.000 vehículos diarios que atraviesan Pedralba, desde que en marzo
de 2019 finalizara la suspensión cautelar de tres años por la revisión del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia (PORN), la institución que
preside Toni Gaspar no ha obtenido respuesta de la Conselleria, más allá de
sendos escritos firmados por la jefa de servicio de Gestión de Espacios
Naturales y el director general de Medio Natural, primero, y por la secretaria
autonómica de Emergencia Climática, más tarde, en los que se admite la
legalidad del proceso pero se insta a buscar alternativas en previsión de la
futura aprobación del PORN.
Ante la “confusa situación” generada por la inacción
de la Conselleria, responsable de validar medioambientalmente el proyecto, y la
presión de los vecinos para ejecutarlo y de colectivos ecologistas para
pararlo, presentando recurso contra la prórroga de la DIA, el presidente Gaspar
decidió preguntar al Consell Jurídic Consultiu sobre la conveniencia de seguir
adelante con la Variante Sur de Pedralba. El CJC reconoció igualmente la
legalidad del procedimiento y la viabilidad de acometer la obra, si bien
recomendó “prudencia” a la Diputación en espera de una futura revisión del PORN
que pudiera afectar al proyecto.
Los principios de responsabilidad, prudencia y
legalidad han marcado la acción de la Diputació de València en un proceso que
se mantiene activo con las expropiaciones, mientras el máximo responsable
provincial sigue esperando respuesta del ejecutivo autonómico. En su último
escrito, dirigido a la consellera Mollà y fechado el 15 de junio de este año,
Gaspar insiste en que se emita el preceptivo informe que avale la obra o, en su
defecto, que “se especifique con claridad si la DIA favorable y la concesión de
su prórroga debe entenderse como sustitutiva de dicho informe”.
El presidente provincial finaliza su escrito
advirtiendo a la Conselleria de que “en el supuesto de no atender de manera
urgente y sin demora el requerimiento previo ante la inactividad de esa
administración, la Diputación, sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurra el responsable de la demora, se reserva el ejercicio de las acciones
administrativas y judiciales que considere oportunas”. “Estamos hartos de
tantas trabas y muy molestos con la actitud de la Conselleria que ni hace ni
deja hacer”, concluye Gaspar.
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