La Diputación cesa al Consejo de Divalterra y nombra al liquidador para culminar el cierre de la empresa
El pleno de la corporación provincial, constituido en Junta General de Divalterra, aprueba la histórica disolución de la sociedad mercantil
El pleno de la Diputació de València, constituido en Junta General de Divalterra, ha aprobado este martes la histórica disolución de la empresa, el cese del Consejo de Administración y el nombramiento de la firma madrileña Afianza Asesores SL como liquidador único de la sociedad mercantil, a propuesta del interventor y el secretario de la institución, que en su informe conjunto valoraron la oferta de Afianza como “la más adecuada profesionalmente”.
En la Junta General celebrada tras el pleno
ordinario de junio, la corporación provincial ha dado luz verde, con los votos
a favor del equipo de gobierno y La Vall ens Uneix y en contra del resto de la
oposición, a la disolución de Divalterra de conformidad con lo previsto en el
artículo 368 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el
artículo 35 de los Estatutos Sociales, y siguiendo en todo momento las
indicaciones de los habilitados nacionales en la Diputación. En cuanto al
nombramiento del liquidador único, que se ha aprobado por separado, no ha registrado
ningún voto en contra.
Este paso casi definitivo en el cierre ordenado de
Divalterra, a falta de la fecha en la que se producirá el traspaso de personal
y competencias desde la mercantil hacia el Consorcio Provincial de Bomberos y
la propia Diputación, ha supuesto el cese del Consejo de Administración que
formaban Ramiro Rivera, como presidente, y los consejeros José Luis Aragón,
Vicente Boquera, José Morgan, Ruth López, Luis Felipe Martínez, Pedro Domingo,
Pau Martínez e Ignacio Sánchez, aprobando su gestión y extinguiendo sus poderes
de representación.
Nombramiento
del liquidador
La otra gran novedad ha sido el nombramiento de
Afianza Asesores SL, domiciliada en la calle Alfonso XII de Madrid, como
liquidador único de Divalterra tras un proceso de selección en el que el
interventor y el secretario de la Diputación la sitúan como “la oferta
profesionalmente más adecuada” al disponer de “una acción coordinada de equipos
especialistas en las áreas fiscal, laboral, contable, financiera,
administrativa y mercantil, apoyada en profesionales de amplia experiencia en
cada sector”.
El informe de los habilitados nacionales en la
corporación provincial valora Afianza como “una de las firmas de consultoría
económica y jurídica más importantes a nivel nacional, que presta servicios a
más de 1.500 clientes tanto del ámbito público como privado”. El interventor y
el secretario destacan el “equipo de profesionales formado por más de 150
empleados y colaboradores compuesto por economistas, auditores, abogados,
fiscalistas y especialistas en estrategia y gestión empresarial”, así como “la
oferta ajustada a la realidad de Divalterra, con una retribución ajustada a los
precios de mercado”.
La participación de los habilitados nacionales va
más allá de la elección de la empresa que ejecutará el cierre de Divalterra,
dentro de la hoja de ruta marcada por el presidente Gaspar, que decidió
apartarse del proceso de selección y “dejar trabajar a los que saben, de la
mano de la ley”. En este sentido, la sociedad mercantil Divalterra será
sometida, hasta su extinción, al control financiero ejercido por la Intervención
de la Diputació de València.
Además de este control interno previsto en el
reglamento de entidades locales, se establece un control adicional por parte
del interventor a los actos de administración de los liquidadores, que
consistirá en la contratación, prórroga, modificación y resolución de contratos
menores y de personal; la venta de activos y derechos; la transmisión de
funciones a los entes destinatarios y cualquier pago por importe superior a
100.000 euros.
El debate
En una Junta histórica que ha durado apenas 20
minutos, el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ha agradecido el trabajo
de los miembros del consejo cesado y de consejos precedentes de Divalterra y ha
dado por iniciado el período de liquidación de la empresa. A partir de este
momento será Afianza Asesores la que tome las decisiones pertinentes hasta la
transferencia definitiva del personal de Divalterra al Consorcio y la
Diputación.
Ante la nueva situación de la empresa, los
portavoces de Ciudadanos y el PP, Rocío Gil y Vicent Mompó, han coincidido a la
hora de rechazar la disolución al no existir causa económica. Más allá ha ido
el representante popular, quien considera que el cierre se produce “por
cuestiones políticas”, de la misma forma que “se intentó revocar el
nombramiento de la jefa de Personal”, que “ha faltado transparencia el no
enterarnos del cese del consejo y el nombramiento de liquidadores” y que “no se
han justificado los 40.000 euros que transfirió Divalterra a la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias para constituir CICAL”.
En respuesta a Mompó, el presidente Gaspar ha
lamentado las afirmaciones “inciertas” del portavoz del PP y ha puntualizado
que el Consejo “no cesó el viernes sino hoy tras la aprobación de la
disolución”. Además, dejó claro que el nombramiento de los liquidadores “lo
delegamos en el secretario y el interventor para que no hubiera ninguna
interferencia”; y avanzó que será la empresa Afianza la que diga “lo que hay
que hacer ahora”.
Pleno
ordinario
Antes de constituirse en Junta General de
Divalterra, el pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad en la sesión
de junio dos propuestas de los diputados incluidas en el orden del día. Por un
lado, el convenio de colaboración entre la corporación provincial y la
Generalitat para el mantenimiento con fondos públicos del colegio IVAF Luis
Fortich, de titularidad de la Diputación.
Por otro, la propuesta que insta al Gobierno estatal
a mejorar la financiación de los entes locales en su lucha contra la pandemia y
la crisis económica a causa de la Covid-19. El texto de la moción presentada
por el Grupo Popular incluye la aportación suficiente en materia de transporte
para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria que puedan producirse en
lo que queda de año.
En el apartado de ruegos y preguntas, la diputada de
Teatros, Glòria Tello, ha aclarado a la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, que
el Escalante no es propiedad de la Diputación y que en estos momentos “se está
consensuando con el sector de las artes escénicas cuál es la mejor propuesta
para disponer de una sede estable, que puede ser construir un nuevo edificio,
habilitar uno propiedad de la Diputación o adquirir el que tradicionalmente ha
albergado el proyecto teatral de la Diputación, que es uno de los más
importantes de España”.
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