El CJC recomienda a la Diputación que no ejecute la Variante de Pedralba hasta que no se resuelva el PORN del Turia
El Consell Jurídic responde en un dictamen a la consulta del presidente Gaspar y, admitiendo que el proyecto cumple todos los requisitos legales, insta a la corporación provincial a ser “prudente” ante la previsión de un nuevo PORN que podría paralizar las obras
La conclusión del dictamen expresado por unanimidad por el pleno del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en fecha 21 de abril de 2021 dice literalmente que, “sin perjuicio de la competencia de la Diputación Provincial de Valencia para adoptar, en última instancia, la decisión que estime más oportuna, razones de prudencia aconsejan, en el estado actual de la actuación de la Variante Sur de Pedralba, suspender o desistir de dicha actuación”.
La respuesta del órgano consultivo a la pregunta del
presidente Gaspar para tratar de adoptar la mejor solución sobre un proyecto
aprobado hace siete años y que se ha ido progresivamente enquistando,
fundamentalmente por la modificación del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN) del Túria que tramita la Conselleria de Medio Ambiente, ha
sido tajante en cuanto a que la actuación “cumple con todos los requisitos
legales para llevarse a cabo”, si bien aconseja a la institución provincial no
continuar con las actas de ocupación de terrenos y el posterior inicio de las
obras ante la aprobación de un nuevo PORN que previsiblemente “obligaría a
paralizar las actuaciones”.
El Consell Jurídic Consultiu tiene en cuenta las
advertencias de la Conselleria a la Diputación en sendas cartas del director
general de Medio Natural y la jefa del servicio de Gestión de Espacios
Naturales Protegidos, primero, y de la secretaria autonómica de Emergencia
Climática después, en las que pese a admitir el “amparo normativo suficiente”
para llevar adelante la ejecución de la obra, instaban al área de
Infraestructuras de la Diputación a considerar otras alternativas y aludían a
la “responsabilidad y altura de miras como promotor” del propio diputado de
Infraestructuras y Carreteras.
El responsable provincial de Carreteras, Rafa García,
ha defendido siempre, al igual que sus antecesores, la necesidad de seguir
adelante con este proyecto de Variante Sur con el fin de “dar respuesta a la
demanda de las vecinas y vecinos de Pedralba, que quieren desviar el tráfico de
su municipio para vivir más tranquilos y seguros”. No obstante, ante la
incertidumbre que genera la tramitación del PORN y la respuesta del Jurídic a
la consulta realizada por el presidente Gaspar, el titular de Infraestructuras
cree que “es momento de no precipitarse y actuar con criterio y sentido común,
basándonos en un dictamen que desbloquea la compleja situación en la que nos
encontrábamos y nos recomienda ser prudentes pese a reconocer que esta
institución ha hecho las cosas bien desde que se aprobó un proyecto que cumple
estrictamente con la ley”.
“Por fin tenemos un criterio jurídico claro sobre el
futuro de la Variante de Pedralba”, apunta García, quien considera que el
dictamen “saca a la Diputación de la inseguridad jurídica provocada por la
indefinición de la Conselleria de Medio Ambiente y nos aporta la seguridad que
no hemos tenido como administración en los últimos años”. El diputado de
Carreteras descarta la posibilidad de que la obra entre en colisión con el
futuro PORN del Turia, atendiendo la recomendación del Jurídic, y avanza el
escenario que se abre desde este mismo momento, que no es otro que “trabajar
para solucionar de forma urgente el grave problema que sufren las vecinas y
vecinos de Pedralba, impulsando unas obras que saquen el tráfico del casco urbano,
como hemos hecho siempre”.
Dos
alternativas
El dictamen no solo constata que el proyecto de la
Diputación es “acorde con la legalidad medioambiental” sino que afea a la
Conselleria la omisión de respuesta a la corporación provincial cuando esta
solicitó, en marzo de 2019, la revisión de los informes favorables oportunos
para continuar la tramitación tras el fin de los tres años de suspensión
cautelar previstos por la ley, como consecuencia del inicio del proceso de
modificación del PORN del Túria. “Llama la atención la falta de emisión del
informe por la Conselleria, cuando la ley exige que ha de ser favorable para
poder iniciar la tramitación”, dice el Consell Jurídic.
A pesar de todo, el Jurídic tiene en cuenta las
advertencias del 13 y el 18 de noviembre de 2020 de Medio Ambiente a la
Diputación, en las que se deja entrever que el nuevo PORN podría tumbar el
proyecto que hoy se ajusta a la legislación vigente. “Tal advertencia
justificaría la no continuación por la Diputación del proyecto de ejecución,
atendido que el interés que prevalece no es otro que la protección y
conservación del medio ambiente, principio previsto en la Ley 21/2013”.
Con este escenario, y para evitar una hipotética
Declaración de Impacto Ambiental desfavorable en un futuro, el CJC ofrece a la
Diputación dos posibles vías que igualmente plantean detener el proyecto. La
primera sería desistir de la Variante Sur de Pedralba aprobada en noviembre de
2014, forma jurídica que conllevaría la indemnización a la mercantil que fue contratada
para ejecutar las obras. Este gasto se sumaría al medio millón de euros que
lleva invertidos la corporación entre los costes de desarrollo del proyecto y
el retraso en los plazos de ejecución.
También podría la Diputación, en opinión del Consell
Jurídic, suspender temporalmente la actuación mientras se produce la aprobación
definitiva del PORN del Túria, lo que permitiría mantener vivo el proyecto y
considerar otras alternativas en función de las nuevas determinaciones del
PORN, “en el caso que fuera jurídicamente posible”.
Antecedentes
La Variante Sur de Pedralba se aprobó el 13 de
noviembre de 2014 con un presupuesto de 3,4 millones de euros. En febrero de
2016 contaba ya con la Declaración de Urgente Ocupación con la que arrancó el
proceso de expropiación, además de la Declaración de Impacto Ambiental
favorable desde el inicio. Pero un mes después, en marzo del mismo año, la
revisión del PORN del Túria paralizó la actuación durante tres años.
En marzo de 2019, transcurrida la suspensión
cautelar, el área provincial de Infraestructuras retomó el proyecto pero se
encontró con las trabas de Conselleria que, pese a admitir en todo momento la
legalidad de las actuaciones de la Diputación, instaba a plantear alternativas
en espera de la aprobación de las modificaciones del Plan de Recursos Naturales
del Túria. Estas diferencias, junto a las manifestaciones públicas de los
vecinos de Pedralba y los colectivos ecologistas, llevaron al presidente Gaspar
a consultar al Consell Jurídic Consultiu.
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