Admitida a trámite una querella por el sacrificio de 92.000 visones con Covid-19 en la Puebla de Valverde
+ TURIA | La Asociación para la Defensa de
Víctimas de Injusticias responsabiliza a los propietarios de provocar la
situación al omitir las medidas necesarias para evitar la transmisión del virus
de los empleados a los animales
El titular del Juzgado
de Instrucción nº 2 de Teruel ha admitido a trámite la querella por un presunto
delito de maltrato animal con resultado de muerte interpuesta contra el
propietario de una granja con 92.000 visones en el municipio de La Puebla de
Valverde que fueron sacrificados el pasado mes de julio tras verse afectados
por un brote por coronavirus.
La querella fue
presentada a principios de este mes por la presidenta y representante legal de
Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias (Apadevi), la abogada
María Girona, que responsabiliza a los propietarios de la explotación de
provocar la situación al omitir las medidas necesarias para evitar la
transmisión del virus a los animales por parte de sus empleados.
En su escrito, la
letrada hace referencia a la decisión de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de ordenar el sacrificio de los animales tras constatar que había una
transmisión comunitaria entre ellos y no poder determinar ni el origen del foco
ni si era susceptible de transmitirse a los seres humanos.
Sin embargo, la letrada
hace constar en su escrito que el pasado mes de mayo, siete de los catorce
trabajadores de la referida granja dieron positivo en las pruebas de
coronavirus, descartándose entonces que los transmisores del contagio hubiera
sido los visones.
A juicio de la abogada,
resulta "evidente" que tras detectarse el virus entre los
trabajadores, el responsable de la explotación no adoptó las medidas necesarias
para que no se extendiera el contagio de forma masiva a los animales y
provocando así su sacrificio.
A tenor de las
peticiones hechas en la querella, que ha sido respaldada por la Fiscalía de
Teruel, el instructor ordena en su auto incoar diligencias de investigación y
solicitar a la Delegación Territorial del Gobierno Aragón en la provincia
turolense que informe sobre el proceso que derivó en el sacrificio de los
visones.
También pide al Servicio
de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que se identifique
al representante legal o administrador de la explotación para su toma de
declaración como investigado en relación a estos hechos.
El magistrado impone a
la asociación el pago de una fianza de 600 euros como paso previo a la
tramitación de la querella, una cantidad que la asociación y la propia fiscalía
solicitaron que tuviera un carácter "simbólico" al carecer de
recursos económicos para hacer frente a su pago.
Apadevi, según han
informado desde la asociación, no descarta solicitar el apoyo económico de
posibles donantes para hacer frente a los costes judiciales generados a lo
largo de la instrucción del caso.
Los visones fueron
finalmente sacrificados por orden del Gobierno aragonés bajo la supervisión de
la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), en una operación cuyo
coste pretende la asociación que recaiga sobre la empresa de prosperar su
querella / EFE
.-
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