Los desempleados podrán trabajar en el campo y cobrar subsidio para salvar las campañas agrícolas
+ TURIA | El Gobierno aprueba medidas urgentes para
favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario
Los parados podrán
trabajar en las próximas campañas hortícolas en zonas cercanas a sus domicilios
y cobrar, a la vez, su subsidio de desempleo, una medida bien recibida en el
sector líneas generales ante la falta de mano de obra extranjera por el cierre
de fronteras, debido a la propagación del coronavirus.
Lo ha anunciado este
martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras el
Consejo de Ministros que ha dado luz verde a un nuevo real decreto ley con
medidas extraordinarias por el estado de alarma, entre ellas las destinadas a
intentar cubrir el déficit de mano de obra agraria.
Cobrar el paro y recibir
al mismo tiempo un jornal por trabajar temporalmente en labores agrícolas es
algo "absolutamente excepcional" que durará hasta el 30 de junio, ha
dicho el ministro según relata la agencia EFE, y está abierto a todos los
desempleados salvo algunas excepciones, como los afectados por los expedientes
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados en las últimas semanas
debido al parón de la actividad.
Planas lo justifica en
que ya tienen ayudas "propias a través de medidas sociales" que el
Ejecutivo ha adoptado "en las últimas semanas".
Esa bolsa de empleo se
quiere completar con residentes extranjeros legales cuyo permiso de trabajo
concluya antes del 30 de junio, a los que se les renovará; o a jóvenes
extranjeros de entre 18 y 21 años que tendrán más fácil obtener esos permisos
para incorporarse a estas tareas.
El Gobierno pretende así
cubrir entre 75.000 y 80.000 puestos de trabajo para asegurar las campañas y
evitar pérdidas económicas, posibles complicaciones en la cadena alimentaria o
una reducción de la oferta que pueda encarecer el producto.
Los contratos de trabajo
se harán por escrito y tendrán que reflejar el salario recogido en los
convenios colectivos referentes o, en todo caso, respetar el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI).
La gestión de estos
contratos se encomendará a las propias empresas agrarias que efectuarán su
solicitud de mano de obra en coordinación con los servicios autonómicos de
Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El Gobierno, además, ha
decidido extender al Régimen del Mar la “flexibilización” aprobada la semana
pasada para las actividades agrícolas y las culturales, dentro de los
requisitos para ayudas a autónomos, previstas para paliar el impacto del
coronavirus.
Dentro de la normativa
se puntualiza el “alcance de la protección y la acreditación de los requisitos
necesarios para percibir la prestación extraordinaria para autónomos (ingresos
inferiores al 75 %) para actividades que obtienen ingresos de manera desigual
durante períodos superiores al semestral”.
La prestación
extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose
en su caso hasta el último día que finalice el estado de alarma.
El Consejo de Ministros
también ha actualizado la normativa sobre la moratoria de las cuotas para
empresas autónomas y hacer frente al coronavirus, para incluir
puntualizaciones.
Para el presidente de
Asaja, Pedro Barato, "toda mano de obra es bienvenida" en un país
donde, dadas las circunstancias, "vamos a llegar a cifras de algunos
millones de parados".
El secretario general de
COAG, Miguel Blanco, considera "positivo" que el Gobierno flexibilice
la contratación agraria de parados ante la falta de temporeros en el campo, por
lo que la ve "absolutamente necesaria".
Para el secretario
general de UPA, Lorenzo Ramos, puede ser una solución "importante" y
aunque actualmente "no hay un problema real", "sí puede haberlo
en 15 o 20 días".
Los sindicatos UGT y
CCOO han advertido de que existe el riesgo de que no haya suficientes interesados
en trabajar en el campo y lamentan que no se haya aprovechado la oportunidad
para regularizar -aunque sea temporalmente- el trabajo de los miles de
"sin papeles" empleados en este tipo de campañas de forma ilegal.
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