El fiscal pide que declare como investigado el alcalde socialista de Riba-roja denunciado por Podemos

+ TURIA | El caso del supuesto amaño de la contrata de la asesoría jurídica enfrenta también a la formación morada con Esquerra Unida y Compromís

Fiscalía ha solicitado este viernes que se tome declaración en calidad de investigado al alcalde de Riba-roja, Roberto Raga (PSPV), y otras tres personas tras la denuncia presentada por Podemos en la que le acusaban de amañar un contrato de consultoría y asesoría jurídica.

Tal como informa el diario ABC, la Fiscalía ha realizado esta petición en un decreto tras la denuncia que apunta a un posible delito de prevaricación y fraudes al detectar suficientes indicios de haber un concierto entre las tres empresas propuestas y la alcaldía para lograr la adjudicación del servicio al antiguo prestatario del mismo por lo que, además de Raga, cita también a los representantes de las firmas participantes en el proceso.

Estos hechos fueron denunciados ante Fiscalía en mayo por los tres concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Riba-roja, acompañados del entonces síndic del grupo parlamentario y secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, por considerar la existencia de un presunto amaño de contrato de asesoría jurídica municipal.

División en la izquierda

Los concejales de Podemos lamentan la actitud de los concejales de Compromís y EU, que en cuatro meses "ni siquiera" se han dirigido a ellos para pedirles las pruebas que tenían y sin embargo sí que han tenido tiempo para hacer "escritos difamatorios" contra ellos, poniéndose del lado del alcalde, por lo que piden a sus colectivos que tomen decisiones al respecto, "visto que estos están abducidos o quizás maniatados para la toma de decisiones acordes a los principios que defienden sus formaciones políticas".

Los ediles de Podemos presentaron un dossier de más de 80 páginas "con las pruebas de un presunto amaño en la adjudicación del contrato de asesoría jurídica municipal" tras "varios meses" detrás del asunto sin haber obtenido las "pruebas definitivas" que finalmente lograron.

El consistorio justificó entonces que dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención del ayuntamiento "avalan plenamente el proceso de contratación pública de la asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo, así como la defensa en juicio de procedimientos de orden civil y mercantil".

Señaló que los dictámenes municipales establecían que el consistorio "aplicó el procedimiento establecido para la adjudicación de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público", según relató en un comunicado al concer la denuncia.

"Se presentaron tres ofertas y finalmente se adjudicó la de menor cuantía de ellas por un importe de 53.640 euros para un periodo total de tres años, a razón de 21.780 euros anuales, impuestos incluidos".

Podemos, tras conocer la decisión de la Fiscalía ha subrayado en un comunicado la responsabilidad de sus concejales en comunicar a la Justicia cualquier hecho que consideren delictivo y relata que su actitud "siempre va a ser implacable contra cualquier indicio de corrupción, venga de donde venga". LEER NOTICIA COMPLETA