El Consell aumenta la protección sobre Porxinos y lo dictamina como no urbanizable
+ TURIA | El área
de protección engloba el PAI de Porxinos que tramitó el Valencia CF
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado a
conocer que la Conselleria de Medio Ambiente ha ampliado el área de protección
especial del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria en el
que el paraje de Porxinos quedará incluido en la denominada interfase 1 como
zona forestal y agrícola no urbanizable. Esta zona está calificada actualmente
como suelo agrícola protegido.
El ámbito de aplicación del PORN se delimita en
torno al cauce del río Túria tras incorporar una serie de áreas de interés
natural, productivo, cultural y paisajístico que se localizan a ambos, de forma
que afecta a un total de 14 municipios: Cheste, l'Eliana, Llíria, Manises,
Mislata, Paterna, Pedralba, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Benaguasil,
San Antonio de Benagéber, Vilamarxant y Valencia. El trámite administrativo que
se seguirá plasmar esta ampliación se prolongará durante un periodo cercano a
los diez meses.
La propuesta de ampliación del PORN del Parque
del Túria está cifrada en otras 6.933 hectáreas que se unirán a las 9.844
actuales de forma que en el futuro, tras el proceso de tramitación, quedará
fijado en un total de 16.777 hectáreas, es decir, un 70'4% de incremento
global, con la incorporación de nuevas áreas de interés ecológico, entre ellos
el paraje de Porxinos de Riba-roja de Túria.
De esta forma, la nueva ordenación planteada por
la Generalitat impedirá cualquier tipo de actuación urbanística en la zona de
Porxinos que pasa de tener una calificación de suelo agrícola a otro
considerado como forestal y agrícola incluido como suelo del área de Interfase
1 "como suelo no urbanizable protegido, con la única excepción de las
zonas en las que la Conselleria competente en materia de minería pudiera
autorizar ampliación o modificaciones de actividades mineras existentes
conforme a lo dispuesto" por la ley.
Cabe recordar que en esta zona de Porxinos la
empresa Litoral del Este promovió en 2005 un plan de actuación integrada (PAI)
para construir 2.800 chalés, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre una
superficie de 1'6 millones metros cuadrados gracias al convenio suscrito con el
ex alcalde de Riba-roja de Túria Francisco Tarazona (PP) y como compensación
recibió 20 millones de euros.
Sin embargo, una sentencia primero del Tribunal
Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior del Supremo de junio de
2015 declaró nulos el plan parcial y la homologación del proyecto urbanístico
al considerar que no existían suficientes recursos hídricos como ponía de
manifiesto un informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ), tampoco se respetaron las condiciones que imponía la declaración de
impacto ambiental de respeto al colindante parque de les Rodanes y, por último,
la adjudicación de la urbanización se realizó "a dedo" y "sin la
necesaria oferta pública".
El Valencia volvió a tramitar un nuevo plan que
presentó en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en marzo de 2016 quien a su
vez dio traslado, tal y como se prevé en el convenio rubricado con el ex
alcalde Tarazona, a la Generalitat Valenciana para su visto bueno, como
administración pública competente para dictaminar sobre este tipo de proyectos
urbanísticos en los municipios.
Sin embargo, la Comisión de Evaluación Ambiental
de la Generalitat rechazó en abril pasado tramitar el PAI de Porxinos al
considerar que las características del plan presentado por el Valencia
triplicaba en la práctica los límites de crecimientos previstos en Riba-roja de
Túria. Ahora, con la nueva clasificación territorial propuesta se aumenta la
protección sobre el paraje natural y se impide una actuación urbanística.
El equipo de gobierno de Riba-roja ha subrayado
que el Ayuntamiento "ha cumplido escrupulosamente el convenio que en su
día firmó el Partido Popular con los dirigentes del Valencia y con los
responsables de la conselleria de Territorio cuyo conseller se halla actualmente
en prisión por corrupción; es el triste epílogo a una proyecto que se inició
sin consenso, con opacidad y a escondidas de la opinión pública a pesar de las
advertencias de todas las instancias".
Un informe municipal exime al Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria del pago de los 25 millones de euros que reclama la empresa
Litoral del Este por la anulación del PAI por parte del Tribunal Supremo al
considerar que el consistorio cumplió con su obligación de tramitar un nuevo
plan urbanístico.
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