lunes, 20 de febrero de 2017

Un vecino de Riba-roja reclama 1,3 millones por un terreno ocupado en 1998

+ TURIA | Los propietarios de los terrenos donde se construyó el campo de fútbol municipal denuncian que no recibieron ni dinero ni permuta de suelo
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha rechazado la petición de un vecino de recibir 1'3 millones de euros por la ocupación de una parcela de su propiedad que el consistorio ocupó en el año 1998 para construir el campo de fútbol. El máximo órgano de representación popular se niega a atender la solicitud al considerar que los terrenos son propiedad de más titulares y la reclamación carece del amparo del resto.

Los hechos que originaron la reclamación se remontan al año 1998, bajo gobierno del PP, cuando el consistorio llegó a un acuerdo con los propietarios de los terrenos sobre los que hoy se asienta el campo de fútbol para construir las instalaciones deportivas a cambio de recibir su valor en terrenos del futuro programa de actuación integrada (PAI) del Calvari o una compensación en dinero, es decir, una de las dos opciones ofrecidas.
Sin embargo, casi dos décadas después los 8 propietarios de los terrenos ni han recibido los terrenos prometidos -el PAI del Calvari no se llegó a ejecutar- ni tampoco han recibido una compensación económica en metálico. Además, los dueños de los terrenos ya no pueden solicitar la expropiación forzosa que les ampara la legislación urbanística actual ya que han transcurrido más de dos años desde su ocupación.
Por ello, los terrenos sobre los que se asienta el campo de fútbol no son todavía plenamente municipales ya que el Ayuntamiento de Riba-roja no los ha escriturado porque ni ha abonado su precio total ni lo ha compensado con el intercambio de terrenos en otra zona del término. Además, los dos depósitos de agua potable del Calvari se construyeron sobre terrenos propiedad del la comunidad de regantes y hace pocos meses el ayuntamiento se vio obligado a indemnizarlos con un total de 60.000 euros por su ocupación efectiva.
Entre las conclusiones del pleno destacan que la ley de expropiación forzosa ordena tramitar un único expediente expropiador cuando el bien expropiado pertenezca en comunidad a varias personas y, por tanto, en los supuestos de varios propietarios "sólo es posible la expropiación con la aquiescencia de la totalidad de los copropietarios". Sin embargo, una solicitud posterior del propietario instaba a fijar el justiprecio sobre la mitad de la parcela, a pesar de que la ley no contempla este tipo de situaciones.
El pleno municipal reconoce el derecho de los propietarios de los terrenos del campo de fútbol de Riba-roja de Túria a recibir una compensación por la ocupación efectiva de los mismos que se realizó en su momento. Para ello, el equipo de gobierno tiene previsto mantener, próximamente, una entrevista con la totalidad de los dueños para llegar a un acuerdo entre ambas partes que permita compensar la ocupación de los terrenos ocurrida hace casi dos décadas, al igual que el pasado año se llevó a cabo con los dueños del Calvari para instalar los dos depósitos de agua potable.
Los conflictos entre el Ayuntamiento de Riba-roja y los propietarios de terrenos han sido numerosos a lo largo de la presente legislatura por el enfrentamiento entre ambas partes cuyo origen entronca con legislaturas anteriores. Una de ellos es el pago de 879.340 euros a unos propietarios de terrenos por una expropiación para construir un parque en Montealcedo o los 60.000 de los depósitos del Calvari.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha expresado su "estupefacción" por la gestión realizada en el proceso de construcción del camp de fútbol "por culpa de la mala praxis del Partido Popular que ejecutó un proyecto sin ser el propietario de los terrenos, algo sorprendente e insólito en cualquier ámbito de la vida y, especialmente, porque los dueños de las parcelas a día de hoy, casi dos décadas después, no tienen ni el dinero ni terrenos en otro emplazamiento".
"Los gobiernos de Tarazona de los que formaba parte también la actual portavoz María José Ruiz -ha continuado el alcalde- han sido catastróficos para el devenir urbanístico y la ordenación territorial de nuestro municipio".
Raga ha añadido que el futuro judicial de Riba-roja podría alcanza los 36 millones de euros a medio y largo para las arcas municipales si prosperan los 15 litigios judiciales que afectan al ayuntamiento, principalmente, por cuestiones urbanísticas, entre ellos expropiaciones por valor de casi 7 millones de euros, indemnizaciones por otros 7 millones y, por último, los 22 millones por la anulación del PAI de Porxinos.

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