martes, 17 de enero de 2017

Hacienda revisará con drones 12 municipios de la región para detectar irregularidades urbanísticas

+ TURIA | Los trabajos se desarrollarán hasta el próximo 30 de noviembre de este año
El Ministerio de Hacienda vuelve a sacar los drones. Desde comienzos de año rastrea cientos de municipios con el objetivo de encontrar viviendas irregulares, construcciones sin declarar. Para ello, la Dirección General del Catastro investigará un total de 1.272 municipios, según se recoge en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. 

Los trabajos se desarrollarán hasta el próximo 30 de noviembre de este año. Hacienda descubrió el año pasado con la ayuda de drones un total de 1,7 millones de inmuebles irregulares.
En el caso de encontrar irregularidades, se incrementará la cuota a pagar de impuestos, como el de Bienes Inmuebles (IBI), así como tasas o licencias o el de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es decir, la que se conoce como plusvalía municipal.
Dentro de las comarcas del Turia los municipios que están siendo revisados son: Benaguasil, Benissanó, Gátova, Higueruelas, Losa del Obispo, La Pobla de Vallbona, Puebla de San Miguel, Sot de Chera, Titaguas, Torrebaja, Tuéjar y Vallanca.
¿En qué consiste la regularización catastral?
El procedimiento de regularización catastral, según informa la web de la Dirección General del Catastro, tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral.
Los trabajos de investigación se desarrollan en todo el territorio nacional, a excepción del País Vasco y Navarra. El inicio del procedimiento, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
El mecanismo se aprobaba en el año 2012 y se investiga desde el año 2013 de oficio si los bienes inmuebles de los vecinos están registrados en el catastro de forma completa y correcta. Si se encuentran irregularidades, deben regularizarse y se cobra una tasa de 60 euros por la revisión.
Este método sigue un camino paralelo a las tradicionales formas de investigación y control de infracciones. Por una parte, se permite a los ayuntamientos revisar todo el catastro, y en el caso de que existe alguna irregularidad, aumentar la recaudación.
Las provincias en las que más municipios se va a investigar serán las tres de la Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón y Valencia. En zonas como Castilla y León, Salamanca y Valladolid coparán las investigaciones, mientras que en Castilla-La Mancha, Guadalajara, con 70 municipios será la más investigada. De 50 provincias que hay en España, se investigarán 46, puesto que las tres provincias del País Vasco y Navarra no se incluyen. Tampoco están en la lista las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Normalmente las ilegalidades detectan piscinas, balcones, jardines o aparcamientos edificados sin declarar.

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