CSIF no descarta una huelga nacional en defensa de la escuela pública a partir de septiembre

El sindicato denuncia la falta de inversión, la escasez de recursos y el bloqueo de reformas educativas, y reclama un pacto de Estado para garantizar la calidad de la enseñanza pública.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha anunciado el inicio de una campaña de movilizaciones en toda España a partir de septiembre, coincidiendo con el comienzo del curso escolar 2026-2027, para exigir mejoras en la educación pública y en las condiciones laborales del profesorado. La organización no descarta incluso la convocatoria de una huelga y ha hecho un llamamiento al resto de sindicatos para que se sumen a las protestas.

Según ha explicado CSIF, la decisión responde al deterioro que, a su juicio, sufre la enseñanza pública por la falta de recursos materiales y humanos aportados tanto por el Gobierno central como por las comunidades autónomas. El sindicato abrirá ahora un proceso de consulta interna con sus responsables territoriales para definir el alcance de unas movilizaciones que podrían prolongarse durante buena parte del próximo curso académico.

Preocupación por la falta de recursos y el aumento de las necesidades educativas

La organización sindical sostiene que la educación pública arrastra problemas estructurales desde hace años. Entre ellos señala la insuficiente inversión, el elevado número de alumnos por aula, las diferencias de financiación entre comunidades autónomas, la alta tasa de interinidad docente, el exceso de carga burocrática, la falta de reconocimiento profesional y unas retribuciones que consideran insuficientes.

CSIF advierte además de que la actual situación política está ralentizando reformas que consideran fundamentales. Entre ellas destaca el proyecto de ley para mejorar las condiciones del profesorado no universitario, una iniciativa que contempla medidas como la reducción de ratios o la disminución de la carga lectiva. Según el sindicato, esta paralización también está impidiendo avanzar en nuevas actuaciones dirigidas a reforzar la atención a la diversidad del alumnado.

En este ámbito, la organización alerta del fuerte incremento de estudiantes con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE). Los datos recopilados por CSIF indican que este colectivo se ha triplicado desde el curso 2011-2012 y representa ya el 17 % del alumnado de los centros públicos. Especialmente significativo es el aumento de alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que han pasado de 19.023 estudiantes hace catorce años a 107.977 durante el curso 2024-2025.

Ante esta situación, el sindicato reclama una mayor dotación de profesionales especializados en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación Educativa, así como la fijación de ratios máximas de atención especializada dentro del futuro Estatuto Docente.

CSIF también ha cuestionado el uso de los fondos europeos Next Generation destinados al ámbito educativo. A juicio de la organización, estos recursos se han centrado principalmente en la digitalización de centros, la formación tecnológica del profesorado y programas de inclusión, sin impulsar reformas estructurales que mejoren las condiciones laborales de los docentes ni la transformación del sistema educativo.

El sindicato considera igualmente insuficientes los resultados obtenidos en la Formación Profesional y advierte de las dificultades que está generando la implantación de la FP Dual, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de empresas para realizar las prácticas obligatorias del alumnado.

Entre las principales reivindicaciones planteadas por CSIF figuran el incremento progresivo de la inversión educativa hasta alcanzar el 7 % del PIB, la reducción efectiva de las ratios en las aulas, la disminución de la temporalidad docente hasta el 8 %, la recuperación del poder adquisitivo del profesorado y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Equiparación Retributiva que reduzca las diferencias salariales existentes entre comunidades autónomas.

La organización también apuesta por reforzar la Formación Profesional pública, homogeneizar las competencias básicas en todo el país y establecer una prueba única de acceso a la universidad que garantice la igualdad de oportunidades entre los estudiantes.

Con el objetivo de impulsar estas reformas, CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y con los distintos grupos parlamentarios. El sindicato defiende la necesidad de alcanzar un gran pacto de Estado que permita modernizar la educación pública y adaptarla de forma estable a las necesidades actuales de la sociedad española.