Una técnico de Emergencias declara a la jueza que Medio Ambiente denegó la víspera de la DANA agentes ambientales para vigilar los barrancos

Gloria Torres, técnica del Centro de Emergencias de l’Eliana, revela que se denegó el envío de agentes medioambientales para medir caudales y denuncia que los Bomberos retiraron su dispositivo de vigilancia del barranco del Poyo sin avisar, dejando “a ciegas” a Emergencias

La investigación judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 sigue aportando revelaciones que ponen de relieve las tensiones y fallos de coordinación entre administraciones. En su declaración ante la jueza instructora, la técnica facultativa Gloria Torres, de la Sala de Mando y Control del Centro de Emergencias de l’Eliana, desveló que la víspera del temporal se solicitó la presencia de agentes medioambientales de la Generalitat para realizar mediciones preventivas de caudales, una petición que, según sus palabras, fue rechazada.

Ante la negativa, se recurrió al día siguiente a los bomberos forestales, quienes comenzaron a vigilar puntos críticos del río Magro y del barranco del Poyo. Sin embargo, Torres ha asegurado que el dispositivo de Bomberos se retiró sin comunicación oficial al Centro de Emergencias, lo que dejó a los técnicos “a ciegas” en plena crisis.

Una vigilancia fallida en un momento crítico

La testigo relató que en la mañana del 29 de octubre se activaron alertas hidrológicas y se ordenó a los bomberos forestales vigilar los caudales en zonas sensibles como Riba-roja, Paiporta o Buñol. La instrucción había sido clara: mantener el control hasta nueva orden. No obstante, a las 14:43 el operativo se retiró a base sin que el Centro de Emergencias fuera informado.

“En ningún momento se comunicaron con nosotros por el canal correcto. Si hubieran avisado a Control 2, habría quedado registrado en el CoordCom y el técnico lo habría transmitido”, señaló Torres. La técnica insistió en que la falta de comunicación dejó a Emergencias sin información clave sobre el comportamiento de los barrancos.

Cruce de reproches entre instituciones

La declaración confronta la versión del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyo oficial Manuel Alonso responsabilizó en septiembre a Emergencias de no haber dado instrucciones claras. Torres lo negó de manera categórica y defendió que la orden estaba recogida y que la desactivación debía haberse comunicado de forma expresa.

Además, aseguró que en su turno no hubo seguimiento porque se daba por hecho que la instrucción de vigilancia seguía vigente: “Si nosotros los movilizamos, deberían entender que no se van hasta que los desactivamos”, afirmó ante la jueza.

El papel del SAIH en cuestión

Otro de los puntos polémicos que salió a la luz fue el uso de los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Según Torres, estos datos no sirven para la toma de decisiones en Protección Civil porque “no están certificados por técnicos” y la propia web advierte de su carácter no vinculante. Por ello, en el Centro de Emergencias se recurría a fuentes como Avamet, que ofrece pluviometría en tiempo real.

La técnica subrayó que esta limitación se conoce desde hace años y que incluso en reuniones con la CHJ se había advertido de que esos datos no podían emplearse para activar protocolos de protección ciudadana.

Una causa abierta con muchas incógnitas

La declaración de Gloria Torres añade tensión a una causa que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra y que ya enfrenta versiones opuestas entre Emergencias y Bomberos sobre la vigilancia del barranco del Poyo. Mientras tanto, las familias de las víctimas y los municipios afectados esperan que la investigación depure responsabilidades y clarifique los fallos que agravaron los efectos de la DANA.