El Gobierno deniega un parque eólico de 56 MW en Teruel por falta de infraestructura de evacuación energética

El Ministerio para la Transición Ecológica archiva el expediente del parque eólico Felis, al no poder certificar su conexión con la red eléctrica

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha denegado de forma definitiva la autorización administrativa de construcción del parque eólico Felis, de 56 megavatios de potencia, situado en los municipios turolenses de Blesa y Huesa del Común. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto no ha podido acreditar la viabilidad de la infraestructura de evacuación energética, requisito indispensable para su aprobación final.

La imposibilidad de completar el trazado hasta la subestación de Begues (Barcelona), unido al rechazo previo del proyecto complementario 'Jaime I' —previsto como vía de conexión en la provincia de Teruel y desestimado en enero de 2025—, ha dejado sin opción técnica ni legal la ejecución de esta iniciativa eólica terrestre.

Impacto en la transición energética y el empleo rural

El parque eólico Felis pretendía generar energía renovable suficiente para abastecer a miles de hogares, con una inversión significativa que preveía además la creación de empleo local tanto en la fase de construcción como en su posterior mantenimiento. Su implantación, aunque con impacto paisajístico en entornos rurales, contaba con mecanismos de compensación económica a través de inversión directa y contratación local.

Aun así, la resolución técnica ha primado la inexistencia de garantías de evacuación energética, un elemento fundamental que impide la conexión a la red de transporte nacional. En consecuencia, se ha procedido al archivo del expediente SGIISE/PEol-500, lo que cierra la vía administrativa ordinaria para los promotores.

Riesgos económicos y posibilidad de recurso

El documento publicado en el BOE establece también que la garantía económica de 40 euros por kilovatio instalado, en este caso 2,24 millones de euros, podría ejecutarse por parte de la Administración salvo que se acredite que el fracaso del proyecto se debió a decisiones administrativas ajenas al promotor.

No obstante, la empresa impulsora dispone de un mes de plazo para interponer recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, en caso de considerar que existen fundamentos para la reversión de la decisión.

Con este desenlace, la provincia de Teruel ve truncada una nueva oportunidad de sumar capacidad renovable a su territorio, pese a su amplio potencial eólico. El caso pone de relieve la necesidad de mejorar la planificación de infraestructuras energéticas a largo plazo, especialmente en zonas rurales con proyectos en expansión.