El Consell aprueba desde Alpuente el nuevo decreto del Fondo de Cooperación Municipal para garantizar la financiación local

El texto establece los criterios de reparto para municipios y entidades locales menores, en cumplimiento de la legislación estatal y del Estatut d'Autonomia

El Pleno del Consell, celebrado este martes en la localidad serrana de Alpuente, ha aprobado el nuevo decreto que regula el Fondo de Cooperación Municipal de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana, así como los criterios de asignación económica anual por parte de la Generalitat. Este fondo tiene como objetivo garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales y reforzar su autonomía, aplicando el principio de subsidiariedad y fomentando la cohesión territorial.

Con este nuevo marco, el Consell da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y al artículo 64.3 de l’Estatut d’Autonomia, que establece que el reparto del fondo autonómico debe seguir los mismos criterios que el fondo estatal.

Criterios diferenciados según población

El decreto distingue entre dos tipos de municipios:

·        Municipios con menos de 75.000 habitantes, bajo el modelo de participación en los tributos del Estado

·        Municipios con 75.000 o más habitantes, o capitales de provincia, incluidos en el modelo de cesión de impuestos y fondo complementario de financiación

Para los municipios del primer grupo, la dotación anual se distribuirá del siguiente modo:
75 % en función del número de habitantes (según el padrón oficial), ponderado por coeficientes según el tamaño del municipio
12,5 % según el esfuerzo fiscal medio, también ponderado
12,5 % en función del inverso de su capacidad tributaria

En el caso de los municipios más grandes o capitales, el reparto se realizará únicamente según el número de habitantes, siguiendo el mismo método de ponderación.

También incluye a las entidades locales menores

Cuando un municipio tenga entidades locales menores, la asignación total obtenida se distribuirá proporcionalmente entre el ayuntamiento y dichas entidades, en función de su población respectiva.

Este decreto corrige una anomalía jurídica de la normativa anterior y garantiza un modelo objetivo, transparente y equitativo para todos los municipios de la Comunitat Valenciana, reforzando la articulación territorial a través de la financiación directa y estable de sus instituciones locales.