Los agricultores explotan contra el Ayuntamiento de Valencia: “Si un agricultor abandona su explotación es porque no percibe precios justos”
El consistorio valenciano anunció una nueva normativa en la que amenaza con sanciones de hasta 300 euros a los propietarios de campos “abandonados”
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) manifiesta su “sorpresa y estupefacción” ante el anuncio de amenazas de sanciones económicas y penalizaciones de ayudas dirigidas a los agricultores porque “criminalizan a la víctima, puesto que los actos supuestamente punibles son consecuencia directa de la incapacidad de las propias administraciones para resolver los problemas del sector y garantizarles una rentabilidad digna”.
Por un lado, tal como detalla El Periodic, el
ayuntamiento de València ha lanzado una campaña de aperturas de expedientes
sancionadores –con cuantías de hasta 300 euros– a aquellos propietarios de
campos abandonados que se encuentran en mal estado de mantenimiento. AVA-ASAJA
considera que “si un agricultor abandona su explotación es porque no percibe
precios justos por su producción al estar desamparado por las administraciones.
Que esta iniciativa surja de València resulta especialmente sangrante, ya que
llevamos varios años con una Ley de la Huerta que solo ha comportado
limitaciones, obligaciones y restricciones a la actividad agrícola, pero hasta
el momento no ha puesto un euro para mejorar la rentabilidad. Menos multas y
más incentivos es lo que necesitan los agricultores valencianos”.
La conselleria de Agricultura, por otro lado,
también advirtió ayer a los arroceros del parque natural de La Albufera de
pérdidas de ayudas europeas si no fanguean la paja del arroz arrastrada por las
lluvias a sus parcelas, es decir, si no introducen estos restos dentro del
suelo para provocar un exceso de materia orgánica. AVA-ASAJA recuerda que “los
graves problemas económicos, sociales y medioambientales que está generando la
gestión de la paja del arroz es responsabilidad de las propias
administraciones. La mejor solución es retirar todo el residuo que se pueda,
que no suele superar ni el 3% del montante total, y todo lo demás quemarse de
un modo ordenado y controlado con la finalidad de evitar plagas y enfermedades
del cultivo en la siguiente campaña y, en caso de pudrición como sucede este
año, la aparición de aguas negras sin oxígeno y mortandad de fauna y flora de
este paraje protegido”.
AVA-ASAJA reprocha al consistorio de Valéncia y a la
conselleria que dirige Mireia Mollà de “estar más preocupados por criminalizar
al sector agrario y por recaudar impuestos que por proporcionar soluciones que
favorezcan una sostenibilidad de la actividad agraria en sus territorios”. La
asociación les recomienda tomar ejemplo del ayuntamiento de Algemesí, el cual
ayer anunció ayudas de 100 euros por hanegada para adquirir nuevos patrones y
llevar así una adecuada reconversión varietal: “De nada nos sirve que la clase
política proclame el papel esencial y la función estratégica de la agricultura
si luego ese mensaje no viene acompañado de medidas de apoyo, y menos aún nos
sirve si lo que llega en realidad son
más multas y más impuestos. En las crisis se ve claramente de qué pasta estamos
hechos y tanto la conselleria de Agricultura como el ayuntamiento de València
se han quitado la careta”.
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