La Inspección de Trabajo da tres meses a Justicia para que arregle el colapso en Llíria

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La Inspección de Trabajo ha dado tres meses a la Conselleria de Justicia para que mejore la situación de los Juzgados 1, 2, 3, 4 y 5 Primera Instancia e Instrucción de Llíria, al borde del colapso desde hace años, lo que ha acabado por generar graves problemas de salud a sus trabajadores.

El problema viene de lejos y es conocido por la misma Conselleria de Justicia ya que el Servicio de Prevención del departamento que dirige Gabriela Bravo elaboró un informe, fechado el 16 de julio de 2015, «en el que se concluye que el valor de riesgo psicosocial es alto», según recoge el oficio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Aunque la denuncia por los graves problemas que se arrastran en los juzgados de Llíria se arrastra desde 2014, cuando los delegados de prevención de riesgos laborales de la Intersindical, CC OO y UGT presentaron una denuncia por no cumplir las condiciones mínimas de trabajo estipuladas en el real decreto 485/97 que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
El requerimiento en materia de prevención de riesgos laborales insta a la Conselleria de Justicia, tras visitar los juzgados el pasado mes de octubre, a «efectuar una evaluación específica de la carga de trabajo actual que soportan los juzgados, con el objeto de adoptar las medidas correctoras que se pongan de relieve (incremento de dotación de personal, nuevos juzgados, formación específica para mejorar las capacidades y estrategias de trabajo, etc) dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo del personal adscrito a los mismos» LEER NOTICIA COMPLETA

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