martes, 17 de enero de 2017

El Gobierno deniega la devolución de la documentación histórica de Bugarra y Casas Bajas del Archivo de Salamanca

+ TURIA | Los documentos de decenas de pueblos valencianos fueron "robados" entre 1938 y 1943 para ser llevados hasta la capital salmantina
El senador territorial de Compromís Carles Mulet denunció ayer que el Gobierno central no devolverá a los ayuntamientos, entidades o personas de la Comunitat Valenciana «la documentación secuestrada” del Archivo de Salamanca, dado que ya ha transcurrido el plazo establecido en un Real Decreto de 2008 que fijaba el procedimiento a seguir para la restitución de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.

En un comunicado, Mulet ha recordado que presentó una pregunta por escrito en la Cámara Alta en la que solicitaba información sobre la devolución de los documentos que a partir de 1938 se requisaron a organismos republicanos, partidos, sindicados y desafectos al Movimiento nacional en la Comunitat Valenciana.
“Entre 1938 y 1943 hay constancia que, al menos, ocho vagones de ferrocarril con más de 80 toneladas de documentos, libros y revistas fueron enviados desde Vinaròs, Castelló, Valencia y Alicante hacia el Archivo de Salamanca. Decenas de ayuntamientos valencianos sufrían el expolio de sus papeles a particulares, entidades políticas y sindicales… documentación toda esta que sirvió en muchos casos para condenar a muerte a miles de personas o reprimirlas brutalmente, y que a día de hoy, la documentación referente a ayuntamientos pueblos, entidades e instituciones valencianos continúan secuestrados, al contrario de lo que ha pasado con otros que han podido conseguirlo, continúan en Salamanca, lejos de sus legítimos propietarios”, según Mulet.
Una situación que afecta a los archivos históricos de algunos municipios de la región, como Bugarra en la Serrania baja y Casas Bajas en el Rincón de Ademuz.
Desde el Ejecutivo han respondido que la Ley 21/2005 de restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados, que posibilitó la restitución de documentos a personas físicas y jurídicas en Cataluña, incluyó la posibilidad de restitución de estos documentos. No obstante, indican que en el Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir para la restitución de los documentos, fijaba un plazo para reclamar esta documentación y la única región que se personó a tiempo fue el País Vasco.
Para Mulet, “esta respuesta es una nueva ofensa, ya que durante este intervalo de tiempo centenares de ayuntamientos intentaron sin éxito este retorno, sin ir más lejos, las propias Corts aprobaron en 2009 y por inusual unanimidad, una Proposición no de Ley presentada por Compromís en la cual se exigía ese retorno”.

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