La diversidad funcional y los derechos humanos centraron una nueva sesión del Aula de Ciudadanía de Llíria

+ TURIA | Los tres ponentes coincidieron en la importancia de concienciar y sensibilizar a la sociedad para conseguir un sistema plenamente inclusivo
De nuevo el Aula de Ciudadanía de Llíria se convirtió en todo un foro de debate. En esta última sesión el foco se centró sobre las discapacidades y su relación con los derechos humanos. Para ello tres fueron los ponentes que, una vez más, moderados por Josep Mª Jordán, expusieron sus reflexiones desde diferentes ámbitos profesionales.

Chema Sánchez, profesor de filosofía, asesor de la asociación “Plena Inclusión” y miembro del Comité Estatal de Ética de los Discapacitados, hizo hincapié en la necesidad de que el reconocimiento de los derechos de los discapacitados como ‘derechos humanos’ con rango constitucional no debe quedarse en “mero marketing ético” y habría que adecuar las leyes al respecto. Además destacó como gran error el considerar la discapacidad mental como una enfermedad.
Otro de los ponentes de la tarde fue Antonio Gómez, coordinador del Centro Ocupacional “El Prat” de Llíria. Gómez defendió la idea de que vivimos en un sistema capitalista y poco solidario, que promueve la exclusión de personas. Pese a ello, destacó que la situación ha mejorado en los últimos años gracias, en parte, a los centros ocupacionales que pretenden integrar a los discapacitados en la sociedad, por medio del trabajo y romper su aislamiento de la sociedad. Además, actualmente, con la Planificación Centrada en la Persona (PCP) se persigue que cada usuario pueda regir su propia vida, produciendo así autoestima, responsabilidad y calidad de vida.
El último ponente fue Antonio Raya, director general de Diversidad Funcional, quien hizo un repaso de la Convención de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad. Además, indicó que desde la Generalitat Valenciana se va a llevar a cabo una ampliación de las plazas de atención primaria para estas personas. No dejó de lado la necesidad de sensibilizar a la sociedad para luchar contra los prejuicios. “El derecho a una vida independiente es la opción más inclusiva y económica”, concluyó Raya.

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